Envenenados por dietilenglicol: Ana Matilde Gómez vulneró derechos humanos y el Gobierno ha permitido el 'irrespeto' con su designación para jueza en la OEA
Afectados por el envenenamiento masivo con dietilenglicol objetan a Gómez, porque aducen que afectó la lucha por sus derechos humanos.
Ana Matilde Gómez, además de procuradora de la Nación, fue diputada independiente de la Asamblea Nacional. tupolitica.com
Víctimas del envenenamiento masivo por dietilenglicol, políticos y miembros de la sociedad civil rechazan la postulación de la exprocuradora, Ana Matilde Gómez, al cargo de jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La oposición de diversos sectores a la postulación de Gómez, hecha por el gobierno de Laurentino Cortizo, se debe a que la exprocuradora estaría inhabilitada por haber sido condenada por el delito de abuso de autoridad en el año 2010 y por algunas de sus actuaciones cuando ejerció el cargo.
Ana Matilde Gómez llegó a ocupar el cargo de procuradora de la mano del expresidente Martín Torrijos, quien sigue siendo una figura importante dentro del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
"En este país los gobernantes tratan de jugar con la inteligencia del ciudadano. ¿Ustedes señores del Gobierno, acaso se les olvidó que fue Ana Matilde Gómez la que presentó una vista fiscal sesgada e incompleta ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por el tema del dietilenglicol? acción que nos llevó como Comité de Familiares de Víctimas a protestar en las calles por más de 13 meses continuos", expresó Gabriel Pascual, presidente de esta organización.
Esta lucha la mantuvieron para lograr que este expediente fuera devuelto al Ministerio Publico (MP) para que se continuara con el proceso de investigación.
Pascual indicó que con la designación de Gómez, el Gobierno ha permitido el irrespeto a las víctimas por envenenamiento.
"Señores del Gobierno, con esta postulación han permitido el irrespeto, la inmoralidad y falta a la ética y la dignidad de las víctimas que aún clamamos justicia y certificaciones pendientes de más de 1,000 personas", sentenció.
Agregó que no es entendible la acción tomada por el Gobierno, ya que supuestamente se ha "valorado el amiguismo, la simpatía del bipartidismo y el estatus perse", en lugar de la decencia de un pueblo noble, en este caso las víctimas del envenenamiento.
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"Nuestra organización objetará por todos los medios esta postulación que no beneficia a nuestro país. Como única organización que ha venido luchando frente a las adversidades por esta causa y hoy sigue vigente logrando en las calles beneficios para todas las víctimas, inclusive para las que nos adversan", indicó Gabriel Pascual.
Otra de las que cuestionó la designación de Gómez a este importante cargo en la OEA fue la exzarina anticorrupción, Angélica Maytín, quien recordó que la exprocuradora fue condenada por un delito doloso, por lo que está impedida para ocupar cualquier cargo en el MP, el Órgano Judicial o como jueza en la CIDH.
Maytín indicó que la nominada, "no es idónea" para este importante cargo.
Ridículo internacionalQuien también cuestionó la designación que hizo el Gobierno del presidente Cortizo fue la diputada Mayín Correa, quien recordó que Gómez fue condenada penalmente por "escuchas telefónicas ilegales" y calificó el hecho como un "exabrupto".
"El Gobierno hace el ridículo internacional al postular a una persona condenada por la ley panameña por un delito que toca a los derechos humanos", expresó Correa.
Recordó que la CIDH establece como un derecho humano la protección de la intimidad, en el artículo 17 de su cuerpo normativo, que establece que nadie será objeto de injerencias ilegales o arbitrarias en su vida privada.
"Resulta un absurdo que el actual Gobierno pretenda nominar como candidata a juez de derechos humanos a la señora Ana Matilde Gómez", indicó la diputada Correa, haciéndose eco de las opiniones negativas y el rechazo de la ciudadanía frente a esta postulación.
"Como es sabido de todos, esta señora fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a una pena de seis meses de cárcel, convertidos en días multa, y también inhabilitada a ejercer cargos públicos, por grabaciones telefónicas ilegales", explicó.
"Gómez violó ley penal, la Constitución de la República y la Convención de Derechos Humanos, al aprobar grabaciones ilegales cuando fue procuradora", reiteró la diputada.
Gómez no tiene trayectoria ni es activista de derechos humanos, "más bien es política", expresó la parlamentaria Mayín Correa.
Por su parte, quien también cuestionó la designación de Gómez fue la diputada Zulay Rodríguez, quien indicó que "esto da es pena y vergüenza".
"Esa señora que se hace llamar independiente, tiene una demanda ahora mismo contra el Estado panameño por muchos millones de dólares y ahora va ser juez interamericana. Mi pregunta es, ¿usted va a ser jueza de derechos humanos ante la OEA y usted va a resolver su caso en contra de Panamá?", cuestionó.
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Rodríguez indicó que "los grupos de poder deben estar que brincan de alegría con su designación".
"Bofetada a membresía"La parlamentaria agregó que lunes pasado le escribió a la canciller Erika Mouynes y le señaló: "le has dado una bofetada a más de los 600 mil miembros del partido PRD, nos has dado una bofetada en la cara a la membresía del PRD".
"Señora Erika Mouynes ahora sí quiero que venga al pleno y nos dé una explicación, sobre todo a las mujeres, yo no critico aquí cuestión de género, yo apoyo a la mujer, pero lo que no me gusta es la mentira, eso sí me molesta, entonces yo quiero una explicación, porque nos la deben, ya que estamos aquí los que buscamos los votos y ahora nos sentimos engañados, estafados y utilizados", expresó Zulay Rodríguez.
Otro que objetó la postulación de la excandidata presidencial fue el secretario general del Frente Anticorrupción, Enrique Montenegro, quien recordó que Gómez cuenta con un "historial muy largo" en supuestas "violaciones continuas en los diferentes cargos que ha ocupado".
Montenegro dijo que Gómez mantiene una denuncia que le interpuso en la Fiscalía Electoral por supuestamente haber falsificado más de 2,000 firmas, inclusive de muertos para su campaña como candidata independiente.
"Aparte de eso, en el tiempo que fue procuradora demostró mucha corrupción al violar la ley consuetudinariamente, en algunos casos que yo conozco", explicó el dirigente.
Añadió que igualmente siendo procuradora destituyó a muchos fiscales sin tener las pruebas necesarias, lo que obligó al Estado panameño a pagarles una compensación económica por casi $3 millones.
"Por estos motivos, ella está impedida, la condena de un delito por violar la ley, permitir interceptaciones", enfatizó.