Exigen que no se permita que magistrados se suban su pensión

El acuerdo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para retirarse con el 100% de su salario, vuelve a traer a la palestra público, las cuestionadas jubilaciones especiales de que gozan altos funcionarios del Estado.

Nuevamente, se levantan voces que piden que estas prerrogativas sean anuladas por medio de otras normas o, incluso, cambios constitucionales.

Miguel Antonio Bernal, designado por el Gobierno para impulsar un proceso constituyente, piensa que la única solución es una nueva Constitución.

"Que aplique un reinicio al sistema y garantice una verdadera democracia, justicia social, independencia de poderes y justicia jurídica certera", planteó el catedrático.

En tanto, José Domingo Torres, político y administrador de empresa, piensa que la Asamblea debe aprobar una ley que elimine el acuerdo que les permitió a los togados acceder a una jubilación especial con fondos públicos.

"Presenten, discutan y aprueben una ley que elimine toda forma de jubilaciones especiales en el Órgano Judicial", es su parecer.

Por su parte, el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, planteó que no se puede tolerar que la Corte Suprema legisle a través de acuerdos como este.'

14,000

dólares fue el aumento y esa misma cifra será su jubilación mensual.

 

9

magistrados componen la Corte Suprema de Justicia. A dos se les vence el periodo este año.

 

"Si queremos fortalecer nuestra imperfecta democracia, no podemos seguir tolerando que la Corte Suprema de Justicia, siga legislando a través de fallos o acuerdos. Lo mismo aplica para el Tribunal Electoral", expresó.

Beneficios

Bajo la presidencia de María Eugenia López, los magistrados se aumentaron, por insistencia, sus salarios a $14 mil y ahora, como acto seguido, recibirán como pensión de vejez el mismo monto.

La publicación del acuerdo de 18 de junio de 2024 en Gaceta Oficial, el pasado jueves, se da en momentos en que la Asamblea Nacional se prepara para abordar el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026.