Fiscal confirma que interrogaron a personal técnico de la Asamblea Nacional que participó en la elaboración de informe sobre albergues
A la fecha, el Ministerio Público ha inspeccionado 57 albergues de menores de edad.
En febrero, cuando se conoció el informe de la Asamblea sobre el tema de los albergues, las protestas no se hicieron esperar. Archivo
La fiscal superior de Familia del Ministerio Público, Katya Meléndez, confirmó que se citó a declarar al personal técnico de la Asamblea Nacional que participó en la elaboración del informe que entregó la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia en febrero.
Meléndez indicó que al personal técnico que participó en la elaboración de este informe y de las visitas a los albergues se le hizo preguntas para determinar si alguna de las situaciones que habían sido detectadas e investigadas por el Ministerio Público, se habían quedado por fuera de las investigaciones que lleva adelante la institución.
"A ellos se les preguntó, entre otras muchas cosas, que si ellos tenían conocimiento de alguna persona de carácter político, religioso, de alto perfil que hubiese estado involucrada o mencionada en esta investigación por delito de maltrato al menor, abuso sexual o trata de personas, y ellos nos contestaron que no tenían conocimiento", dijo la funcionaria.
Añadió la fiscal que algunas de las personas que participaron en este informe les indicaron que muchas de las situaciones que detectaron eran de carácter administrativo.
Las declaraciones de Meléndez se dan luego de que las diputadas Zulay Rodríguez y Walkiria Chandler denunciaran que el personal técnico que participó en las investigaciones de supuestos abusos y maltratos a menores de edad en albergues, había sido víctima de intimidación.
"Se ha estado trabajando con algún tipo de intimidación con el personal técnico de la Comisión de la Mujer, porque ellos han sido llamados a declarar y somos las denunciantes quienes pareciera que quedamos como las agresoras o victimarias", dijo la parlamentaria Chandler.
Por su parte, Rodríguez señaló que algunos de los trabajadores sociales que participaron en esta investigación, "hoy prácticamente les están diciendo que por qué se dio esa investigación y no se fueron directamente al Ministerio Público a denunciar".
La fiscal Katya Meléndez informó que actualmente por el caso de abusos en albergues hay dos personas condenadas por delitos de abuso sexual a menores, y 11 imputados, de los cuales tres están retenidos por más de un delito.
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Recientemente, el MP indicó que hasta la fecha se han realizado inspecciones a 57 albergues a nivel nacional, en conjunto con fiscales, personal de criminalística, trabajadores sociales y psicólogas.
La fiscal superior de familia del MP expresó que si bien se inició una investigación de oficio por el informe sobre abusos a menores en albergues que realizó la Asamblea Nacional, ya el MP llevaba adelante 13 investigaciones por temas en estos centros, específicamente delitos de maltrato, abusos sexuales y corrupción.
La funcionaria recordó que la subcomisión de la Asamblea Nacional se estableció el 19 de agosto del año 2020, a raíz de una investigación que inició el Ministerio Público el 30 de julio sobre un albergue ubicado en Tocumen.
Igualmente también recordó que la comisión entregó el informe de los albergues el 15 de febrero del mes pasado, sin embargo cómo institución habían abierto una investigación de oficio el 12 de febrero.
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El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) confirmó que no seguirá subsidiando el Centro de Rehabilitación de Menores Arturo Miró, ubicado en Potrerillos, Chiriquí, luego de una serie de anomalías detectadas con el manejo de dichos recursos públicos.
Este centro fue subsidiado hasta el 31 de diciembre de 2020 y la decisión del Mides de no prorrogar la ayuda estatal obedece a irregularidades detectadas con respecto al uso indebido de los fondos públicos entregados al mismo, ante lo que se han tomado acciones legales.
Este fue uno de los albergues denunciados por los casos de abusos y maltratos hacia menores de edad revelados por una subcomisión de tres diputadas, en febrero pasado.
Agrega el Mides que este centro adoptó una función distinta para lo cual fue concebido, que era la rehabilitación de menores en riesgo social, y se convirtió de hecho en un albergue de protección para niños, niñas y adolescentes, sin reunir las condiciones.
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