Fundaciones, el punto en común entre De Gracia y Lau

Las investigaciones contra altos exfuncionarios de la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024) guardan varias coincidencias más allá de los delitos presuntamente cometidos; una de ellas es el modus operandi utilizado, según las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción, por los acusados tras el supuesto enriquecimiento ilícito.

Los dos últimos imputados por este hecho delictivo, Publio De Gracia, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), y Enrique Lau Cortés, exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), de acuerdo con el ente investigador, habrían adquirido propiedades valoradas en miles de dólares a través de fundaciones constituidas a nombre de sus familiares.

Ambos, mientras lideraban dichas entidades, realizaron, mediante esta estructura jurídica, un pago inicial de 100 mil dólares destinado a la compra de un apartamento en PH Costanera y Santa María, respectivamente.

Un esquema que ha generado entre la ciudadanía cuestionamientos sobre un posible blanqueo de capitales; sin embargo, abogados sostienen que es una práctica habitual en el país.

El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, señaló que adquirir un inmueble mediante una fundación no constituye, por sí mismo, una irregularidad.

Explicó que el posible uso indebido de esta figura debe determinarse a partir del origen de los fondos y la identificación de sus beneficiarios finales, información a la que tiene acceso el Ministerio Público y que posteriormente es valorada por el juez al momento de decidir la medida cautelar del imputado.

"Si hubo ocultamiento o incumplimiento de los controles, corresponde acreditarlo en el caso concreto, sin atribuir una sospecha automática al instrumento jurídico utilizado", agregó a Panamá América.

724

mil dólares, monto del supuesto aumento patrimonial del exdirector de la DGI, Publio De Gracia.

 

$504

mil dólares, lesión presuntamente causada por Enrique Lau Cortés.

 

Sobre la desconfianza que persiste entre los ciudadanos hacia el sistema de justicia, especialmente en los casos de alto perfil, mencionó que una medida distinta a la prisión preventiva no equivale a impunidad; no obstante, las autoridades deben fundamentar sus decisiones y aplicar los mismos criterios a todos, independientemente del cargo que hayan ocupado.

Pese a que el jurista Kevin Moncada Luna coincide con Araúz en que el origen de los fondos es rastreable, admitió que adquirir un bien a través de una fundación puede dificultar el proceso; sin embargo, es un mecanismo empleado con frecuencia.

Reiteró que toda investigación debe respetar el derecho a la presunción de inocencia; por tanto, no considera prudente que se opine sobre las medidas cautelares impuestas sin conocer las interioridades de la carpetilla.

No obstante, el abogado penalista Omar Singh aseguró que la selectividad en el sistema de justicia es evidente y quedó demostrada en la audiencia de Lau Cortés porque, aunque los protocolos de seguridad establecen que los aprehendidos deben comparecer al tribunal esposados de manos y pies, el exdirector de la CSS llegó a Plaza Ágora sin estas; incluso se le permitió cambiarse de ropa, consentimientos que, a su juicio, anticipaban el desenlace del acto.

"Aquí claramente hay favoritismo; la justicia no puede ser solamente para el hijo de la cocinera, porque el exdirector de la Caja de Seguro Social está siendo investigado por dos delitos graves: enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales", recalcó.

Trazabilidad

El fiscal Eduardo Rodríguez detalló que la trazabilidad realizada a los fondos de los dos exdirectores también incluye transferencias internacionales, la compra de propiedades en zonas de playa y pagos a tarjetas de crédito.