Gobierno busca blindar espacio aéreo de la cárcel La Joya contra la 'ciberdelincuencia'
La medida de Aeronáutica Civil intenta terminar con el uso de estos aparatos para introducir drogas, celulares y armas a los penales panameños.
Gobierno intenta blindar el espacio aéreo del Complejo Penitenciario La Joya
El Gobierno intenta blindar el espacio aéreo del Complejo Penitenciario La Joya, el más grande del país, para evitar que se sigan utilizando drones para lanzar drogas, armas, celulares y otras mercancías a los penales.
Mediante la Resolución 108, la Autoridad de Aeromáutica Civil (AAC) prohibió, "por razones de seguridad pública", las operaciones de los Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA) en el espacio aéreo del Complejo La Joya, en Pacora, y denominó este lugar como el área prohibida MPP20.
En los últimos meses, en el Complejo La Joya se han derribado más de 100 drones que sobrevolaban su espacio aéreo para arrojar diferentes sustancias ilícitas y hasta armas.
Esto demuestra que los delincuentes criollos están emulando a sus colegas internacionales y han ingresado también en la era de la "ciberdelincuencia".
Las autoridades han advertido que esta actividad se ha convertido en un problema grave en estos penales (La Joya y La Joyita) y han prometido dar con los responsables, sin que hasta la fecha se hayan mostrado hallazgos importantes.
Sin embargo, según la Resolución 120 de la AAC de 2016, esta tarea no parecería imposible, si no fuera porque los drones se venden libremente en Panamá a bajos precios y hasta "on line".
Además, se ha demostrado en otros países que los drones son fáciles de hackear para utilizarlos en diferentes actividades delictivas, con lo que el propietario de la certificación oficial no necesariamente es el responsable del uso irregular de estos aparatos.
En Panamá, la citada norma de la AAC establece que habrá un sistema de certificación y "vigilancia continua" para supervisar, "en forma permanente", el uso que los operadores certificados le dan a estos equipos tecnológicos.
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De acuerdo con la ACC, esta supervisión permanente garantizará que se mantengan los requisitos y la calidad que dieron origen a la certificación.
Y la norma es clara en establecer que nadie podrá operar un RPA (dron), a menos que posea una certificación de operador expedida por la AAC.
No obstante, obtener esta certificación en Panamá no resulta complicado, solo hay que cumplir con 11 requisitos administrativos.
Las normas son claras en advertirle a los tripulantes de drones que no podrán transportar "mercancías peligrosas y sustancias prohibidas por la ley".
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Y los operadores certificados son responsables ante las autoridades por el uso que se les dé a sus aparatos dentro y fuera del territorio nacional.
Ningún aparato de estos, a menos que sea de la categoría micro (deportiva), podrá operar en Panamá si no está debidamente registrado ante la ACC y tenga su documentación en regla.
Unidades especializadasPara estar a tono con la situación, la Policía Nacional también utiliza los drones para realizar su trabajo. Con este fin se creó la Unidad Especial de Aerovigilancia Comunitaria (UEAC).
A principios de este año, la Policía destinó $346 mil 948 para la compra de 10 drones con el fin de dotar a la UEAC.
En el mundo esto es ya una corriente. La situación en otros países es más compleja. Los drones han sido hackeados y utilizados para intentos de ataques terroristas en aeropuertos concurridos de Europa y Estados Unidos.
Esto ha obligado a que en Europa haya países que ya cuentan con unidades policiales especializadas para combatir los delitos cometidos con drones.