Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales viola intimidad en el caso Odebrecht

El abogado Roiniel Ortiz denunció la violación a la intimidad de su representada Ursula Banz Vallarino, dentro del caso Odebrecht, por parte del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales de Panamá, que dirige la juez  Baloisa Marquínez.

Ortiz, en una nota dirigida a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López Arias, con copia a los otros ocho magistrados,  denunció como un certificado de incapacidad médica de su clienta fue filtrado y hecho público en las diferentes redes sociales.

En la misiva, el defensor le solicitó a la presidenta de la CSJ que tome los correctivos pertinentes e inicie una investigación por tan flagrante violación a los derechos de su representada.

Agregó que no es sano para la administración de justicia que la licenciada Baloisa Marquínez y el personal de ese tribunal sigan manejando este proceso de la forma que lo han hecho violando los derechos humanos de su representada.

“Este tribunal Tercero Liquidador de Causas Penales está contaminado para seguir juzgando esta causa, no es transparente, ni objetivo, toda vez que con darle seguimiento a las páginas de redes sociales se podrán dar cuenta que la que las maneja, las replica a todos los miembros de Movin”, puntualizó.

El abogado narró que su representada hace algunos meses atrás se sometió a una cirugía por parte del doctor Mario Vega, y en el desarrollo de la misma se dio una mala práctica, la cual desencadenó en un  órgano picado, lo que causó que la misma se tuviera que someter a unas nueve intervenciones quirúrgicas.

 “Las graves afectaciones trajeron cómo consecuencia la intervención de otros galenos, dando como conclusión que la misma debe ser operada en los Estados Unidos, ya que en Panamá no se cuenta con los especialistas para tratar ese tipo de daño corporal”, indica la nota.

El defensor explicó que ante dicha situación, le recomendó a su representada que le entregara todo el expediente clínico y presentárselo a Marquínez, para que por motivos humanitarios se le corriera traslado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) para que evaluara la documentación.

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Esto con la finalidad de luego de tener el aval o no, proceder con la solicitud con base en lo que los expertos recomienden.

Recalcó que él se dio por notificado de la audiencia y cómo hay dos fechas para celebrarla, una principal y otra alterna, se acogió a la alternativa que está programada para el próximo 12 de septiembre de 2022.

También expresó que su defendida, en base al Pacto de San José y la Convención Interamericana de Derecho Humanos, rechazó la designación de un abogado de oficio y contar con un defensor particular que sea de su entera confianza.

De forma puntual, Ortiz reiteró que el pasado 14 de julio presentó  un escrito firmado por su representada junto con el certificado de incapacidad, documentación íntima, confidencial y personalísima (violencia de género) en contra la cual requiere la más estricta confidencialidad por parte de los funcionarios públicos que manejan el caso de la constructora Odebrecht.

 Comentó el letrado que esto deja mucho que decir en cuanto a la objetividad y la transparencia del mencionado despacho de administración de justicia.  Algo que según él, violenta el numeral 13 del artículo 64 de la ley 53 del 27 de agosto de 2015, que obliga a los jueces y magistrados a mantener los expedientes que manejan en reserva y confidencialidad.

La filtración del certificado de incapacidad de la licenciada Banz circuló en al menos tres cuentas de Twitter.

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