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La Corte Suprema de Justicia y sus constantes "errores"

Cabe destacar que, aunque el pleno suspendió parcialmente este beneficio para los magistrados, su decisión aún no ha sido publicada en Gaceta Oficial.

Redacción | nacion.pa@epasa.com | @PanamaAmerica - Actualizado:

Palacio Gil Ponce, sede de la Corte Suprema de Justicia, en Ancón. Foto: Cortesía

Durante la última semana, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha estado bajo el escrutinio público por dos temas, la creación de un fondo de compensación de retiro para jueces y magistrados, y la contratación de un vehículo blindado fechado un año antes del supuesto atentado contra su presidenta, María Eugenia López, que sustenta la “urgencia” de dicho alquiler, pero lo que más llama la atención de la sociedad es que en ambos temas, la entidad ha cometido “errores” que ponen en duda la transparencia y veracidad de sus acciones.

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Tras la publicación del Acuerdo No. 470 en Gaceta Oficial, la CSJ emitió una “fe de errata” para corregir un “error involuntario”, ya que el documento, en un apartado específico, dice que fue firmado el 18 de julio de 2025, cuando en realidad se aprobó en 2024, como sustenta el resto del escrito.

Cabe destacar que, aunque el pleno de la CSJ suspendió parcialmente este beneficio para los magistrados, su decisión aún no ha sido publicada en Gaceta Oficial; por lo tanto, no se ha hecho efectiva.

Sin embargo, la historia se repite en el alquiler de un vehículo tipo SUV blindado para López. Los “errores” vuelven a hacer de las suyas, ya que, según la entidad, la cotización se recibió en el año 2025, y no el 31 de enero de 2024, como describe el documento erróneamente.

“Dicha cotización fue fechada el 31 de enero de 2024, pero consta que fue emitida este año 2025, por lo que, se trata de un error humano debido al reciente cambio de año, tal como lo ha reconocido por escrito la empresa emisora”, afirmó la entidad a través de un comunicado.

Reiteraron que la contratación estuvo motivada por la “situación crítica ocurrida el 31 de enero de 2025, cuando se perpetró un atentado con arma de fuego contra la oficina de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia”.

Dicha contratación se hizo por el monto de $70,620.00 a una empresa extranjera cuando su precio en el mercado local era de 27,000 dólares.

Por este caso, el abogado Alfredo Vallarino presentó ante la Asamblea Nacional de Diputados una denuncia contra López por presuntamente atentar contra la administración pública, falsedad de documentos y fraude en la contratación de dicho vehículo.

Vallarino sustentó su denuncia en que la cotización se tenía un año antes de que ocurriera el atentado en el Palacio Gil Ponce, sede de la Corte Suprema de Justicia, en Ancón.

La presidenta de la Comisión de Credenciales, Dana Castañeda, encargada de analizar esta demanda, señaló que el tema se abordará según lo que establece la ley, respetando los procesos de cada uno de los involucrados.

“La evaluaremos y, si hay mérito, se procederá. Hay que atender las cosas con responsabilidad”, añadió.

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