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Institucionalidad del TE es debilitada por el Ejecutivo

Jason Morales/@JasonMoralesV - Actualizado:

Varias irregularidades como compra de votos y presiones hacia los electores para sacar los resultados fueron algunas de las denuncias presentadas en las impugnaciones.( Archivo)

 

Contradicción, parcialidad e inconsistencia es lo que han demostrado los magistrados del Tribunal Electoral (TE) al no admitir los recursos de impugnación presentados por los candidatos a diputados del partido Cambio Democrático (CD).

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Esta valorización es la que hacen juristas y políticos de oposición al indicar que los recursos presentados por CD cumplieron las mismas formalidades que en su momento emplearon los diputados oficialistas beneficiados con fallos del Tribunal Electoral.

El secretario general de CD, Rómulo Roux, expresó que “el rechazo de las impugnaciones confirma lo que desde un inicio hemos denunciado: todo lo relacionado con estos procesos son parte de un plan entre el TE, el Ejecutivo y sus aliados del PRD para lograr curules adicionales violando la ley y la Constitución.”.

Roux señaló que, “nos preocupa ver cómo un órgano ahora controla todos los demás y los utiliza para consolidar su poder”.

Los abogados de Cambio Democrático no se explican cómo pudo el Tribunal Electoral diferenciar los argumentos expuestos por los candidatos de la oposición, y los mostrados por la alianza de gobierno, pues hay “pruebas contundentes”.

No obstante, el secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Carlos Pérez Herrera, justificó la decisión del TE al considerar que en el caso de la candidata perredista, esta no manejó recursos del Estado en ningún momento, aunque reconoció el apoyo de otros dirigentes.

La acción fue vista por los dirigentes de CD como una prueba contundente a los señalamientos realizados sobre la parcialidad de la autoridad electoral y el plan progobierno que ha manejado al entrar en vigencia el nuevo gobierno.

En un comunicado, la dirigencia del opositor partido hizo referencia a la rápida valoración que dio el TE a las impugnaciones de panameñistas y perredés, pero en esta ocasión prefirió mirar hacia otro lado.

Ello, a pesar de las irregularidades mostradas como la compra de votos y presiones hacia los electores para sacar resultados el pasado 21 de diciembre.

En la segunda ronda de elecciones, la candidata de CD en el oriente chiricano, Ana Giselle Rosas de Vallarino, impugnó a su primo Jorge Alberto Rosas, y tendría hasta hoy para presentar una reconsideración.

Por su parte, Porfirio Ellis, también de CD, impugnó al panameñista Carlos Santana en el circuito 9-1, en Santiago de Veraguas, y Manolo Ruiz hizo lo propio hacia la perredista Athenas Athanasiadis en el 4-5, de los distritos de Dolega, Boquete y Gualaca.

Control del Ejecutivo

La injerencia del Ejecutivo en otras entidades ha sido cuestionada a lo largo de estos seis primeros meses de gestión, donde se han trastocado intereses propios, denunciaron varios dirigentes políticos.

Alejandro Pérez, exviceministro de Gobierno y quien renunció a las filas del panameñismo, expresó que el mandatario busca crear un caos en la institucionalidad panameña.

Hoy vence el plazo de tres días que otorga la ley electoral para que miembros de CD acudan a presentar una reconsideración.

Acuden al TE para levantamiento del fuero penal de diputados PRD

Varios diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) solicitaron que se les levante el fuero penal electoral, tras la petición del magistrado de la CSJ José Ayú Prado al Tribunal Electoral de levantar el fuero a 34 diputados.

En compañía del presidente del partido, Benicio Robinson, y el secretario general, Carlos Pérez Herrera, los miembros del PRD aseguraron que no tienen qué temer a las investigaciones.

El presidente del PRD, Benicio Robinson, expresó que “quien nada debe, nada teme”.

Robinson atribuyó la acción a la decisión de sustentar por cuenta propia la declinación al fuero penal electoral.

No obstante, los diputados también planean levantar una investigación contra el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, lo que podría revertir las acusaciones de los parlamentarios.

Esto sería mediante una subcomisión que investigaría las 14 denuncias que fueron interpuestas en su contra.

21 de diciembre de 2014 fue la última fecha escogida para la segunda elección, marcada por el abstencionismo.
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