Ejército de Estados Unidos conserva minas en arsenal

WASHINGTON — La Administración Trump, que llegó al poder prometiendo acabar con las “guerras interminables”, está comprometida con armas prohibidas por más de 160 países, y las está preparando para su uso futuro. Bombas de racimo y minas terrestres antipersona, explosivos mortales conocidos por mutilar y matar a civiles mucho después del fin de los combates, se han convertido en parte integral de los planes de guerra del Departamento de Defensa —pero con poca explicación pública sobre dónde y por qué se utilizarían.

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Estas nuevas políticas, respaldadas por el secretario de Defensa Mark T. Esper, se remontan al 2017, cuando el jefe de defensa en ese momento, Jim Mattis, estaba redactando una estrategia militar que nombraba a Rusia y China como las grandes potencias rivales de Estados Unidos.

El principal portavoz militar, Jonathan Hoffman, dijo recientemente que el cambio de política “fue el resultado de una extensa conversación” con diferentes departamentos del poder ejecutivo. Su objetivo es “proporcionar a los comandantes en el terreno las municiones no persistentes necesarias para el éxito de la misión en grandes contingencias en circunstancias extremas o excepcionales”, dijo.

Exfuncionarios de defensa dijeron que el debate sobre reintroducir las minas terrestres y otras llamadas armas de denegación de acceso llegó a un punto crítico en el 2017, cuando la Administración analizó la rápida invasión y anexión de Crimea por parte de Rusia.

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Ese noviembre, Mattis anuló un informe del 2008 que suspendía el uso de casi todas las armas de racimo y ordenaba la destrucción del arsenal actual. Esas armas, construidas para luchar en la Tercera Guerra Mundial con la Unión Soviética, eran propensas a fallar y se volvieron tristemente célebres por matar y herir a civiles y a tropas estadounidenses.

Las líneas industriales que antes se creían extintas en las empresas de defensa están regresando. Eso se debe, en parte, a los esfuerzos de cabildeo de oficiales de alto rango retirados como Robert H. Scales, un teniente general retirado. Pero su argumento se basaba, en parte, en una comprensión equivocada de la eficacia de las municiones de racimo en conflictos pasados, sobre todo en la guerra del Golfo de 1991, donde análisis posteriores encontraron altos índices de fallas.

A octubre del 2019, el Ejército había pagado 11.5 millones de dólares a Northrop Grumman y 23.3 millones de dólares a Textron para el desarrollo de nuevas minas antitanque, de acuerdo con un centro de investigación y desarrollo de armas del Ejército en Nueva Jersey.

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En 1997, más de 120 países firmaron el Tratado de Ottawa para prohibir las minas terrestres antipersona que explotan indiscriminadamente. Estados Unidos no figuró entre ellos, citando la necesidad de utilizar minas a lo largo de la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, y no se cuenta entre las 164 naciones que ahora son parte del tratado.

“¿Cómo se pueden justificar estas políticas sabiendo que tanta gente ha decidido que estas armas no tienen cabida en la guerra y lo que estas armas hacen a la gente en todo el mundo?”, preguntó Rachel Stohl, experta en control de armas del Centro Stimson, un grupo de investigación no partidista. “Es alucinante”.