... a raíz de actuaciones de funcionarios judiciales que contravienen las normas, con subsecuentes afectaciones de derechos, una Historia de la justicia podría ayudar a denunciar los problemas de un sistema judicial que ha transitado hacia un nuevo Sistema Penal Acusatorio, pero con funcionarios enclaustrados en los tradicionalismos infrahumanos del inquisitivo.
Se hace necesario que la Historia, con un giro crítico, aborde las problemáticas reales y actuales de la justicia panameña, mediante el análisis de los Archivos judiciales. Foto: EFE.
Cada vez son más los escándalos judiciales en nuestro país. De hecho, llama sobre manera la atención, el manejo discriminatorio (clasismo) de las entidades públicas encargadas de hacer “justicia”, pues las medidas cautelares y sanciones penales dependen de quién seas. Parecerá que este es un asunto ajeno al oficio de historiador, sin embargo, esta grave crisis de justicia que vivimos los panameños reta nuestra inteligencia.
Ya, desde el siglo pasado, el connotado historiador francés Pierre Vilar hacía la exhortación: “…la envestida de los problemas del siglo, exigen la responsabilidad de nosotros los historiadores para descubrir las raíces de estos males…”. A partir de un problema social relevante –como lo es la justicia– la gente de la calle podrá conectar la actualidad judicial con el pasado y entender la idea distorsionada de justicia con la que nos adoctrinan; y de la cual tenemos que desembarazarnos.
En total oscurantismo se manejan los delitos comunes perpetrados por las clases oligarcas que ostentan poder político y económico. Mientras, reprimen con rigurosidad, la más mínima afrenta o forma de disentir de los ciudadanos de a pie. A propósito, la última ratio parece ser la única de las medidas existentes cuando no se ostenta poder político ni económico.
Una reducción de la escala de observación, permite obtener una versión diferente del problema. El microanálisis hace aflorar las complejas relaciones interpersonales o alianzas ante los intereses divergentes de los actores sociales.
Así, se percibe a miembros de los sectores populares en su función de servidores públicos (fiscales, policías, jueces y otros) que, por preservar cargos, salarios y privilegios, consciente e inconscientemente quedan envueltos en redes de influjos tan necesarias para el statu quo de los grupos de poder.
A partir de la injusta experiencia vivida por muchos ciudadanos, a raíz de actuaciones de funcionarios judiciales que contravienen las normas, con subsecuentes afectaciones de derechos, una Historia de la justicia podría ayudar a denunciar los problemas de un sistema judicial que ha transitado hacia un nuevo Sistema Penal Acusatorio, pero con funcionarios enclaustrados en los tradicionalismos infrahumanos del inquisitivo.
La observación minuciosa permite advertir algunas incongruencias que podrían incidir en los dictámenes finales. Por mandato jurídico, el Código de Procedimiento Penal atribuye al fiscal la responsabilidad de la investigación penal, para determinar el ilícito y sus responsables (Artículo 68).
Pero, ¿Podrá llevar una investigación de esta índole quien no está dotado teórica ni metodológicamente para ello? Pues, la diligencia no solo debe ser pensada como abogado, sino también como acucioso investigador criminal.
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Peor se torna el asunto, cuando el Artículo 70 alumbra la objetividad y correcta aplicación de la ley penal que debe caracterizar las actuaciones del fiscal y sus brazos auxiliares. Pero, ninguna confianza aporta a la ciudadanía el auxilio de los estamentos policiales. Arbitrarios funcionarios que, con tal de obtener indicios desfavorables al indiciado, contravienen las normas y procedimientos penales. Claro, ante el mutis conveniente de la autoridad.
Se advierte, entonces, la naturaleza poco objetiva de las investigaciones, sesgadamente inclinadas a ignorar lo favorable –continuidad con el pasado inquisitivo–. Sí, el fiscal tiene la obligación de investigar lo desfavorable y lo favorable a los intereses del indiciado (Artículo 24). Lamentablemente, el segregacionismo acapara lo favorable. Bajo estas incongruentes circunstancias resultará imposible un final con justicia verdadera para los de a pie.
En suma, indudablemente, se hace necesario que la Historia, con un giro crítico, aborde las problemáticas reales y actuales de la justicia panameña, mediante el análisis de los Archivos judiciales. Como podemos ver, el quehacer histórico, también debe servir para poner en evidencia las actuaciones de los llamados a hacer justicia, a través de una producción historiográfica encaminada a explicar y dar a comprender las raíces del problema.
El historiador, parafraseando a Ernesto “Che” Guevara, también debe ser capaz de “sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo”.
Docente.
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