Imprescriptibilidad: derecho penal del enemigo
El sistema de derecho penal –en cuya conformación convergen altos postulados y principios lógicos y racionalistas- atraviesa por una aguda crisis que lo ha puesto en graves apuros, a los extremos, sumo cuidado, de ir desapareciendo. Esto es peligroso, pues el movimiento de las aguas con claro matiz político, muy procelosas por cierto, encausan a un supuesto derecho penal del enemigo, que hace irracional un conjunto de leyes que, bajo el paraguas del derecho penal demoliberal, pretenden encontrar acomodo y aceptación. Y cuando digo que hay que tener sumo cuidado, no quiero indicar otra cosa que pretender encausar al derecho penal por los carriles de la irracionalidad, como se ha venido haciendo, al final de cuentas, terminará victimizando, a nivel colectivo, a toda la sociedad como destinataria única de las normas jurídicas. Sin darse cuenta, o tal vez sí lo saben, pero operan con cálculos políticos o demagógicos para satisfacer "clamores o pedidos" de sectores llamados de la sociedad civil, los que promueven reformas penales –sobre todo las que inciden en las normas que tipifican los delitos- otorgando patente de corso al Estado sobre los particulares –en lo que versa al ejercicio del poder punitivo del Estado-, lo que están haciendo es aprisionando, encerrando, cortando las alas de la libertad, correspondiente a toda la sociedad o a cada persona en particular.
Siempre recuerdo y hago mías, las palabras del maestro rosarino Adolfo Alvarado Velloso, escuchadas no pocas veces en las aulas cuando cursaba la maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario, quien nos advertía que, en la medida en que le otorguemos más poderes al Estado en contra de los particulares, en esa misma proporción se verán minimizados o reducidos los derechos fundamentales y las garantías ciudadanas, porque al final de cuentas "(…) el Estado nos aplastará a todos". De modo que, el resguardo de los ciudadanos ante el poder aplastante del Estado se encuentra en el conjunto de derechos, libertades y garantías reconocidos en plexo constitucional y convencional. Sin embargo, cada vez que se legisla empujando la irracionalidad del derecho, contribuyendo a incrementar el conjunto de normas jurídicas de un derecho penal del enemigo, lo que estamos logrando es reducir, disminuir, ese catálogo en el que algunas cortes de justicia iberoamericanas, también en el rejuego político, terminan siendo contestatarias de semejantes adefesios llamados "reformas penales inspiradas en la humanidad", como algún autor las denominara en un intento fallido de justificar la imprescriptibilidad de las acciones para ciertos delitos en el derecho penal.
Ese derecho penal, antes conocido como un derecho penal de "doble vía" por su naturaleza sancionatoria y de medidas de seguridad, pasó a llamarse, luego, un derecho penal de "triple vía", añadiendo a sus descripciones técnicas o de alternativas posibles la reparación o indemnización. Hoy día, no obstante, ha aparecido ese odioso derecho penal del enemigo entendido como el conjunto de normas jurídicas destinadas a imposibilitar, tras el incremento de penas y la imprescriptibilidad de algunos delitos, entre otras cosas, que el poder punitivo del Estado quede en una mera ilusión por lo que ir neutralizando o enervando un conjunto de principios que hacen a la esencia del derecho penal, se ha convertido en la herramienta propicia para dar paso a ese derecho penal advenedizo a la ciencia jurídica. El derecho penal del enemigo ha erigido ahora la imprescriptibilidad de la acción penal y que ha surgido como respuesta de algunos "penalistas" que han salido a brindar alternativas al poder político para enfrentar los delitos contra la administración pública –todos-, ante la incapacidad del propio Estado de ejercer en los parámetros de la racionalidad y humanidad su poder punitivo. Sin embargo, soslayan, esos penalistas, que el gran autor de la incapacidad y de sus propias frustraciones es el mismo Estado y por él los gobiernos ineptos, que no han sabido gobernar, dirigir, liderar, mediante acciones transparentes y eficaces la lucha contra la corrupción.
El argumento de la imprescriptibilidad terminará asfixiando y estrangulando al propio Estado, a los gobiernos, a toda la administración pública, pues considero que, al final de cuentas, no por verse tentada una persona a cometer un delito contra el Estado, sino por no verse inmerso en una falsa denuncia o temeraria acusación infinita e interminable, cuidado que ya nadie querrá, en el futuro político inmediato, ser funcionario en este país. La imprescriptibilidad de tales delitos es inconstitucional, violenta y pisotea la seguridad y certeza del derecho; ignora, entre otras tantas cosas, el postulado del Estado de derecho de una justicia penal pronta y en tiempo razonable./ Abogado.