La consolidación tras el desorden aparente

El fenómeno de la COVID-19 se toma de ocasión para seguir redefiniendo los «derechos humanos» como privilegios para facciones, instalar el sistema de crédito social y acelerar la Agenda 2030 de la ONU. Se trata de una hidra que los publicistas en todas partes doran con neolengua, pero que se puede resumir en una palabra: totalitarismo.

En Panamá, esta fase del proceso revolucionario se inició con el Decreto Ejecutivo 393 de septiembre de 2015, por el cual fuimos incorporados en un omnicomprensivo plan de ingeniería social sin votación democrática.

Concertación Nacional hizo las adecuaciones en el «Plan Estratégico Nacional con Visión de Estado Panamá 2030» de 2017, en donde se nos informa que «existe total concordancia entre los objetivos estratégicos, acuerdos e iniciativas de la Concertación con los ODS, acordados en Naciones Unidas». Los avances en la implementación fueron presentados a la ONU en el «II Informe Nacional Voluntario de los ODS [Objetivos de Desarrollo Sostenible]» del año 2020.

Como vemos en recientes decretos, la crisis socioeconómica, creada por las enloquecidas medidas del gobierno, sirve para reducir más nuestras libertades, un círculo vicioso que surge por la ausencia de cuerpos intermedios que protejan los derechos naturales de la comunidad.

Este agobiante teatro del absurdo sirve, al mismo tiempo, para implementar la planificación central que exigen los organismos internacionales bajo la forma de mandatos y condiciones para aprobar préstamos.

A medida que las ordenanzas llegan al nivel de las personas y las familias, podemos constatar cómo las técnicas de control social (gradualismo, abuso del lenguaje, etc.) buscan modificar nuestra conducta, interferir con la práctica de las virtudes y crear indefensión aprendida.

Con lo cual quedaremos reducidos a la miseria. En concreto, los funcionarios anuncian que «no tendremos nada y seremos felices». Este instructivo eslogan fue creado por el Foro Económico Mundial, organización que promueve la fusión de gobiernos con trasnacionales y «sociedad civil» global (ODS N. 17).

En sustitución de la antigua libertad económica y de circulación, tendremos racionamiento digital y restricciones al movimiento, que van a depender de muestras públicas de adhesión al más reciente decreto, alineado invariablemente con la religión civil de la ONU.

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Podemos ver ya las primeras fases del sistema en los programas, con base en el código QR, de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Y aunque tenemos dieciocho meses padeciendo la gestión pública de tales tareas, sirve conocer también la experiencia del «carnet de la patria» venezolano para saber qué esperar del gobierno en los próximos años.

Por último, con la «ciudad inteligente» y su internet de alta velocidad (otro «derecho humano»), enlazada con satélites, drones, postes electrónicos, cámaras y mayordomos digitales por doquier, estas personas pretenden automatizar la prisión de cielo abierto sin imprevistos.

Filósofo.