Las privatizaciones

Las necesidades crediticias de las naciones que, como la nuestra, forman parte del mal llamado Tercer Mundo, obligan a los gobiernos a tomar medidas que en la mayoría de las veces van en perjuicio o en contra de las verdaderas aspiraciones y necesidades de un conglomerado poblacional llamado nación.

Nuestro país, Panamá, es otra de las tantas víctimas de las exigencias de las Instituciones Financieras Internacionales, mejor conocidas como las IFI"s; y otras como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional; que para facilitarle préstamos a los países que así lo necesiten, y por ende los más pobres, los obligan a cumplir con una serie de disposiciones que, según ellos, son muy convenientes para el desarrollo de éstos.

En nuestros días, somos testigos de cómo estas disposiciones, que no son más que los resultados de decisiones tomadas por un grupo de personas de gran poder, dueñas de los más grandes y ricos bancos del planeta, preocupados por sus bolsillos y sus grandes arcas financieras y ajenas a las verdaderas necesidades y prioridades de las naciones débiles económicamente, nos afectan en casi todos los aspectos e influyen de manera muy contradictoria en la mentalidad de la población de este terruño istmeño.

Luego de culminados veintiún años de régimen dictatorial, la República de Panamá se preparaba para iniciar la lucha por un mejor futuro; había que sobrellevar las dolorosas consecuencias de una violenta e innecesaria intervención militar extranjera, y hacerle frente a una difícil situación económica producto del despilfarro, mal manejo y desaprovechamiento de los bienes del Estado.

La dictadura entregó una nación endeudada y empobrecida, llena de problemas sociales, económicos y políticos; un país que requirió, en cierta parte, de la ayuda extranjera, tanto de la voluntaria como de la crediticia.

Con una deuda de alrededor de siete mil millones de dólares, Panamá inicia la carrera hacia la privatización.

La necesidad de fondos que ayuden a realizar las inversiones necesarias para darle el impulso a la economía nacional obliga al incipiente gobierno de Guillermo Endara a dar los primeros pasos hacia lo que hoy se conoce como el Programa de Privatización de las Entidades Estatales, para así poder mantener el nombre de la República en la lista de los países con posibilidades de crédito ante los capitalistas internacionales.

Correspondió entonces al gobierno de Ernesto Pérez Balladares continuar por el oscuro camino que le habían dejado como obsequio de triunfo electoral: llevar adelante la privatización de las entidades gubernamentales.

Aunque parezca mentira, a partir del primero de septiembre de 1994 casi tres millones de panameños de todas las edades y clases sociales han sido testigos de doce privatizaciones, de las cuales dos aún se encuentran en su fase final y una fue suspendida debido a la decidida oposición del pueblo panameño.

Hablamos de doce propiedades del Estado panameño prácticamente vendidas al mejor postor: Los Casinos Nacionales; los Bingos Nacionales; el Hipódromo Presidente Remón, vendido a la puertorriqueña Equus Entertainment; el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), vendido a la transnacional británica Cable & Wireless por más de 600 millones de dólares; el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), Cemento Bayano, el Ferrocarril Interoceánico Panamá-Colón, entregado en concesión a la empresa Kansas Railroad Company; los Puertos de Balboa y Cristóbal, vendidos al consorcio Panama Ports Company, subsidiario de la Hutchinson Port Holdings; y el más reciente regalo, el Ingenio La Victoria, valorado en casi 15 millones de dólares y vendido a un grupo de poderosos empresarios veragüenses en sólo unos 7 millones.

A esta lista se les unen dos entidades que se encuentran en pleno proceso de venta, como lo son el Aeropuerto Internacional de Tocumen y el Centro de Convenciones ATLAPA; aparte de Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), cuya supuesta concesión administrativa tuvo que ser suspendida gracias al rechazo y desapruebo total por parte de la voluntad popular.

Pero no hablemos sólo de las privatizaciones directas realizadas por el actual gobierno, qué hay en las indirectas, de las llamadas concesiones administrativas a largo plazo a cambio de la realización o ejecución de algún proyecto.

Nos referimos al Corredor Norte, a la Autopista Panamá-Colón y al Corredor Sur.

Los dos primeros proyectos serán propiedad de la empresa mexicana Proyectos y Construcciones, S.

A.

(PYCSA) por periodos respectivos de 20 y 30 años prorrogables; mientras que la famosa y problemática super carretera marina llenará los bolsillos de los propietarios de la también mexicana constructora Ingenieros Civiles Asociados S.

A.

, (ICA) por un periodo de 35 años prorrogables.

Desde cualquier punto de vista, las privatizaciones tienen tanto sus ventajas como sus desventajas; pero cierto es que el beneficio popular producto de todos estos procesos de ventas y concesiones de bienes estatales que hasta hoy se han realizado en nuestro país, es casi nulo.

Tal vez sea cierto que hoy existen más panameños con teléfonos en sus casas, que gozamos de una gran mejora en la prestación del servicio telefónico; pero saben los panameños que el contrato entre el Estado y la británica Cable & Wireless le permite a esta última aumentar las tarifas por las llamadas a partir del año 2000.

Y qué decir del desaparecido IRHE, hoy dividido en ocho empresas.

Supuestamente la energía eléctrica iba a disminuir de precio, sin embargo seguimos pagando, aunque no lo crean, la luz más cara del planeta; y lo más seguro es que, en un par de años, aumente aún más.

Por otro lado, ¿sabían los panameños que los contratos entre el Estado y las empresas PYCSA e ICA le impiden al gobierno nacional habilitar cualquier tipo de vía que pueda resultar en competencia para las modernas vías que estas transnacionales construyen? ¿Tendrán conocimiento los panameños de que las tarifas de los peajes serán elevadas cada cierto periodo de tiempo, tal y como está estipulado en los contratos firmado por nuestros inteligentes dirigentes gubernamentales con estas empresas mexicanas?Lo irónico de todo esto es que la esperanza de que a los panameños se les respeten sus derechos está sólo en manos del Ente Regulador de los Servicios Públicos, que como su nombre lo dice, sólo "defenderá y protegerá" a los nacionales en lo que se refiera a agua, luz y teléfono; pero quién defenderá a los que transitarán por las super carreteras privadas, a los usuarios y empleados de los puertos, del ferrocarril (cuando inicie funciones), de los bingos y casinos, etcétera.

Por lo visto sólo de nosotros dependerá que se nos trate como seres humanos y no como seres irracionales.

Las privatizaciones serán el dolor de cabeza de los panameños y de numerosas naciones del mundo por muchos años más.

Ayer el IRHE, el INTEL; hoy los Ingenios, el Aeropuerto de Tocumen, el ATLAPA; mañana los Correos y Telégrafos, la DIMA, la Caja de Seguro Social, la administración de los hospitales y centros de salud públicos; las universidades estatales, nuestra educación secundaria.

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En fin, aún hay muchas cosas que se pueden ofrecer en venta, como si se tratase de una subasta de baratijas; de nosotros, los jóvenes de hoy, depende evitar que el Panamá hermoso que todos queremos se convierta en República de Panamá, S.

A.