Reformas constitucionales: puntuales o integrales

En el país se inicia un debate formal sobre el texto de un conjunto de reformas a la constitución nacional, ideadas en el seno del mecanismo de ley denominado Concertación Nacional, que el Ejecutivo nacional hizo suyas y remitió a la Asamblea Nacional para su discusión, apelando a uno de los mecanismos que la propia constitución panameña vigente establece para tales cambios.

Lo ejecutó como simple traslado, "sin cambiarle una coma", del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, dando por bueno y suficientes los supuestos consensos alcanzados por la poco más de una veintena organizaciones integradas en la mesa de concertación –partidos políticos incluidos, y representantes de varios actores como gremios, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil organizada, entes empresariales, comunidades, etnias y algunas más-.

Sin asumir como propio dicho paquete y presentarlo a la Asamblea como tal, el Ejecutivo se restó elegantemente de asumir como propiamente suyas tales propuestas o anteproyecto de reformas.

Yendo al fondo del asunto, el paquete de reformas puntuales –unas 40 modificaciones o adiciones al texto vigente- pretende resolver o atender lo que supuestamente las origina: el malestar palmario de la mayoría de la población sobre la crisis institucional cuya expresión más vergonzosa se expresa en las fallas del sistema de justicia y en los desbalances de los órganos del Estado, señaladamente las intromisiones del presidencialismo rampante que ha caracterizado la vida política panameña desde inicios de la República, así como los no menos desvergonzados actos del Poder Legislativo aquejado de clientelismo, impunidad y corrupción.

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Si uno lee detenidamente las reformas derivan la impresión de que son compresas tibias para atacar la gangrena que padece el cuerpo político y que apunta a crear las condiciones de un Estado fallido.

Y es que aparte de la instauración de un Tribunal Constitucional y la no re-elección de diputados, e incluso en ellos de manera harto limitada en términos de poder real – que es a fin de cuentas el tema esencial en materia de constituciones-, el resto es sumamente restringido; pero sobre todo, son insuficientes.

El malestar percibido con estas reformas es que apenas alcanzan a tocar las sábanas del enfermo y su fiebre. Pero, además, nadie ataca la enfermedad si desconoce las causas profundas y no está dispuesto a combatirlas integralmente.

No hay ni un diseño o imagen objetivo de lo que se pretenda (más allá del nuevo artículo primero sobre los objetivos del Estado y el carácter de la nación).

Ese "telos" de la reforma es débil, y la argamasa de lo construido es más débil aún.

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Por ello, en las casi 40 consultas, lo que emerge es la falta de que las reformas no solo apaguen las llamas de la actual coyuntura de corruptelas y desmanes contra los recursos públicos, sino que podamos los panameños darnos un nuevo marco que haga corresponder la constitución legal con la constitución real del cuerpo sociopolítico y socio-económico de una nación que tiene retos y tareas propias del siglo XXI y no del siglo XX.

Es por eso que temas como Educación, Ciencia y Tecnología; Salud Pública y Seguridad Social; Ambiente y Organización y Desarrollo Territorial son los grandes temas no atendidos por la propuesta de reformas, acaso concentrada en temas de legalidad, cuan lo que realmente se trata es de refundar la República o, al menos, enfrentar temas que como la Salud y Seguridad Social están ya a las puertas del debate económico (al fin y al cabo quien dice Seguridad Social, dice manejo del mayor porcentaje del ahorro nacional y los modos de reproducción social de la población).

Confiamos en que la segunda ronda divulgativa de las reformas alcance a generar una discusión en la población adormecida por los media, y atribulada por salvar la vida en calles donde reina el crimen.

Esperamos que las universidades planteen al Legislativo la imperiosa necesidad de ajustar el título de Educación con temas de largo aliento que den sustento a reformas profundas y no cosméticas del sistema educativo nacional; y así mismo los gremios alcen su voz y se pronuncien sobre las temáticas propias de la salud pública, el régimen de pensiones y otros asuntos vitales –literalmente- para la población actual y la que heredará el resultado de nuestras acciones hoy en día.

Economista. Docente universitario.