Sobre la actividad minera en nuestro suelo

Ultimamente he visto a muchos satanizar el hecho de que, mientras grandes sectores organizados de la ciudadanía expresan su malestar ante la aprobación del contrato ley con la minera, muchos otros -que están en su derecho- le rinden honor al folclore y a las costumbres autóctonas que se remontan al pasado de las distintos pueblos de nuestro interior, participando activa y entusiastamente en las actividades. Una cosa, la verdad, no tiene nada que ver con otra.

Ver a la juventud, desde la más tierna edad, participando en eventos vernaculares es motivo para estar más que orgullosos de que lo nuestro, como panameños, se sabe valorar. De hecho, existe una mayor consciencia de pertenecer a este país repitiendo cada año ese tipo de festividades que nos recuerdan, de la manera más responsable, de dónde venimos y hasta qué grado se enaltece nuestra cultura nacional. Si se cree que dañando propiedad privada o evitando el tráfico nacional se expresa de forma mejor y más efectiva el amor a la patria, tengo derecho, como muchos otros, a pensar lo contrario.

La firmeza de la protesta no exige que se cause daño a nada ni a nadie; y un testimonio de eso lo podemos ver en reivindicaciones que han logrado líderes como Gandhi y Martin Luther King.

El tema minero es de vital importancia para nuestra nación, y creo que no hay nadie en su sano juicio que no lo haya comprendido ya esa realidad. Pienso que el proyecto de ley fue aprobado con una celeridad de carrera cuarto de milla, sin pensar que fueran equinos los que la corrieron; pienso que se debió dar una mayor participación no solo a los que simplemente pudieran estar en contra, sino también a las poblaciones enteras que, al derivar sus ingresos de la labor prestada a esa industria, también tienen derecho a dar una opinión y, finalmente, considero que no hemos siquiera comenzado a delinear lo que un matrimonio contractual como ese pudiera implicar a futuro, ante una relación demasiado prolongada que persistirá más allá de casi todos los que ahora pudieran expresarse en contra o a favor.

En términos muy básicos, considero que la empresa minera no solo debe hacer los desembolsos ya acordados, sino también aportar considerablemente al progreso de cada uno de los pueblos en los que se desarrolla la operación, garantizando así que las nuevas generaciones comprendan cabalmente lo que dan a cambio de esa actividad y, en alguna medida, se vean compensados generacionalmente por ese hecho indiscutible.

En alguna medida, deberán asumir tal vez la mayor indemnización jamás acordada con el pueblo panameño y, para lograrlo, tienen necesariamente que pagar aquellas deudas y obligaciones que ningún gobierno ha podido cumplir dentro de las comunidades que se encuentran dentro del radio de la operación minera. También deben establecerse capas de regulación adicionales a fin de que las autoridades locales, llámese representantes de corregimiento y alcaldes, tengan facultades de supervisión cuando en alguna medida se perciban amenazas concretas que pudieran afectar a los pobladores.

No pueden comprar el silencio con la digestión que aseguran los salarios, pero es una realidad que la cantidad de empleos y el nivel de progreso que yo mismo he podido ver en Penonomé, hace que cualquier oposición rotunda a la actividad minera sea, a esta altura, un perfecto disparate y una ofensa para toda esa mano de obra local.

Esos trabajadores no le han dado un mandato a ninguna agrupación para que se ponga en juego lo que es hoy una fuente de trabajo y bienestar de sus hogares. Lo que si es cierto es que

esa ley jamás podrá gozar de una seguridad jurídica real y sólida si no se logran los consensos y los cambios. En lo que a mi respecta, no es la ley de minería, sino la ley que estará siempre condicionada a revisión; lo cual es un derecho soberano de nuestro país y una reivindicación de todo ciudadano nacido en esta tierra.

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