Constituciones y reformas han sido impuestas a la fuerza, a través de la historia del país

La historia republicana de Panamá confirma que la imposición ha sido la vía más usada a la hora de validar constituciones; y la ausencia de una real consulta al pueblo es otra de las características que han definido los procesos reformatorios que se han dado.

Sectores jurídicos del Panamá de hoy advierten que este mal presagio histórico podría repetirse en el vigente proceso de reformas constitucionales, siempre y cuando las modificaciones aprobadas en tercer debate por los diputados de la Asamblea Nacional (AN) logren sobrevivir al modelo de dos legislaturas, y a la avalancha de críticas surgidas.

Desde el inicio, la Constitución Política de Panamá del año 1904 fue reemplazada por la de 1941 mediante un plebiscito, o sea que no se exigió el artículo reformatorio que ya contenía la primera Carta Magna.

La imposición quedó en evidencia cuando la Constitución de 1941 fue derogada por un golpe de Estado.

Un rayo de luz surgió años después cuando se llamó (por única vez) a una constituyente, que fue convocada por el Ejecutivo en 1945, dando origen a la Constitución de 1946.

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Pero acto seguido, ese intento de respetar la voluntad del pueblo en una Constitución fue derogado por el golpe militar de 1968.

Hasta que en 1972 se impuso la Carta Magna actual. No en vano algunos constitucionalistas, como Miguel Antonio Bernal, le han achacado el mote de "la Constitución impuesta".

Aunque vale decir que durante la dictadura militar fue reformada, en 1978, siguiendo el procedimiento establecido en ella.

"Pero en 1983 volvió a ser reformada con un procedimiento ajeno a ella, cuando los militares nombraron un grupo de personas a la que les encargaron las reformas, que luego fueron llevadas a un referéndum, también controlado por la dictadura, en 1983, donde se aprobaron", indica Miguel Antonio Bernal.

¿Modelo exitoso?

Y fue entre los años 1993 y 1994 cuando se ensayó con éxito el modelo del numeral 2 de la Constitución (actual 313) de usar la Asamblea saliente junto a la Asamblea entrante.

En ese entonces el parlamento saliente era del gobierno de Guillermo Endara, y el entrante de Ernesto Pérez-Balladares.

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Y el "éxito" del modelo motivó que se replicara el mismo mecanismo en 2004, fecha del más reciente acto reformatorio, con el recordado "Pacto Mami" (Martín-Mireya) entre los gobiernos de los exmandatarios Torrijos y Moscoso.

Es decir, no es nuevo el modelo legislativo que se invoca otra vez en la administración del presidente Laurentino Cortizo, "como tampoco es nuevo el hecho de que se siga excluyendo a la ciudadanía", agrega Miguel Antonio Bernal, quien es partidario de que se convoque a una constituyente originaria.

Sin embargo, el también constitucionalista, Ernesto Cedeño, advirtió que una constituyente originaria sería un "borrón y cuenta nuevo".

Ernesto Cedeño explica que esa sería la vía en caso de que fuera necesario "refundar" la patria. Pero recordó que ese no era el objetivo de las actuales reformas, orientadas más bien a reforzar la institucionalidad.

"El problema es que no se establecieron límites, y los señores diputados introdujeron materia ajena a las reformas", concluye Ernesto Cedeño.

Si las polémicas reformas iniciadas en este 2019 sobreviven la próxima legislatura, todavía les espera el referéndum, un proceso en donde el pueblo dio un rotundo no en gobiernos de Endara y Pérez-Balladares. En este último, el no ganó en proporción de 3 a 1.

 

 

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