'No podemos seguir con reclamos indefinidos que paralicen las obras que la población necesita”, advirtió el presidente de la República, Laurentino Cortizo e instó  a los diputados de la Asamblea Nacional a pisar el acelerador a discusión y aprobación al proyecto de ley que reforma el proceso de contratación pública en Panamá.

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El proyecto de ley  de Contrataciones Públicas que reposa hace un poco más de seis meses en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional fue aprobado en primer debate el pasado 19 de febrero.

El proyecto de reformas a la Ley 22 de 2006 que fue presentado por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander contiene artículos importantes para terminar con los reclamos indefinidos de las empresas y las limita a solo dos reclamaciones; en la segunda, la empresa debe consignar el 10% del valor total de la obra que se licita. Igualmente, la iniciativa busca terminarán con las contrataciones directas con un solo proveedor.

“Así como las empresas reclaman la seguridad jurídica, la gente también necesita las obras, como el Hospital del Niño, y la gente también necesita el Censo 2020”, sostiene Laurentino Cortizo.

La adminsitración Cortizo contabilizó un total de 159 proyectos críticos de infraestructuras públicas con baja ejecución o paralizados por falta de pagos y múltiples disputas legales.

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Las reformas también buscan programar licitaciones y contratistas visibles, para cumplir con el objetivo de transparencia y rendición de cuentas, a fin de que la ciudadanía pueda dar seguimiento a todas las etapas de los procesos de contratación pública, incluyendo la ejecución y entrega.

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El texto único de la Ley 22 del 22 de junio de 2006 ha sufrido 11 modificaciones, en los últimos gobiernos, cuyos resultados han llevado a flexibilizar y relajar los procesos y aumentar la discrecionalidad de los funcionarios públicos.

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