Agrupación hace reclamos contra la termoeléctrica por daños a la salud pública y ambiental

Miembros de la Coordinadora Ciudadana de La Chorrera exigieron al Gobierno no permitir la reactivación de la termoeléctrica de PanAm Generating Ltd. sin antes cumplir con toda la normativa ambiental que sus directivos han transgredido desde el 2016.

Al reclamo de la coordinadora se ha sumado un grupo de familias residentes en los alrededores de la termoeléctrica, pero que también insisten en el cierre de la planta.

Dentro del grupo de familias están personas con diversas afecciones de salud presuntamente ocasionadas por el uso de bunker C, empleado en las operaciones de la planta termoeléctrica.

Raúl Ossa, dirigente de la Coordinadora Ciudadana de La Chorrera, enfatizó que esta planta termoeléctrica no puede reactivarse sin antes cumplir con la normativa ambiental, lo cual debe ser acatado incluso por el presidente José Raúl Mulino.

Lamentó, además, que el presidente Mulino pusiera en primer lugar a la empresa propietaria de Pan Am Generating Ltd. y dejara de lado el sufrimiento de las familias enfermas y la pérdida de sus bienes.

Jorge Melo, director regional del Ministerio de Salud (Minsa), dijo que se procederá a llevar a cabo un estudio en las comunidades afectadas para elaborar una base de datos que permita determinar el impacto en la salud de niños, adultos mayores y personas de mediana edad.

Mientras tanto, el alcalde de La Chorrera, Eloy Chong, dijo que en conjunto con la gobernadora Marilyn Vallarino se hará un trabajo interinstitucional al que se sumará la comunidad para fijar una hoja de ruta y atender el problema.

Las primeras quejas en contra de la empresa surgieron a menos de un año de estar operando la planta térmica, instalada en 1999, cuando los residentes en los alrededores le atribuyeron problemas auditivos, respiratorios y manchas en la piel, que afectan a la comunidad.

Con los años las familias sumaron otros problemas de salud, uno de estos el cáncer.

En diciembre del 2015 fueron instaladas las dos comisiones que se encargarían de investigar los posibles daños a la salud producidos por el uso del bunker C.