Detectan varias licencias y permisos de pesca presuntamente falsificados
Según la ARAP, al corroborar la información sobre esta licencias y permisos de pesca, la misma no coincide con los datos existentes en la base de datos de esta institución.
La ARAP interpondrá las denuncias ante las autoridades del Ministerio Público. Foto: Archivo Ilustrativa
La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) confirmó la detección durante las últimas semanas, de varias licencias y permisos de pesca presuntamente falsificados.
Según información suministrada por la ARAP, al corroborar la información sobre esta licencias y permisos de pesca, la misma no coincide con los datos existentes en la base de datos de esta institución.
En base a ello se determinó que no fueron emitidos por la ARAP, según lo establecido por la Ley 44 de 23 de noviembre de 2006.
Es por ello, según indica la ARAP, a través de una nota de prensa, que se procedió a interponer las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes del Ministerio Público (MP)
Corresponderá al MP en base a la información suministrada por la ARAP determinar la cantidad de licencias y permisos de pesca son en efecto falsificadas. A través de estas investigaciones se podrá determinar la autoría y responsabilidad penal en este ilícito.
La ARAP comunicó además que esta institución cumple sus funciones de manera transparente, mediante procesos estrictamente apegados al ordenamiento legal vigente.
A mediados del pasado mes las organizaciones pesqueras del país, denunciaron que se estaba presuntamente emitiendo nuevas licencias para pesca de palangre.
La ARAP también ha instado a los pescadores artesanales de Punta Chame, a adoptar medidas para sortear la pesca incidental de tiburones en esta zona, de la provincia de Panamá Oeste.
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Según la entidad, con anterioridad se han recibido denuncias sobre la presunta captura de esta especie marina en el Centro de Atención Ciudadana (311).
La Ley Nº 9 del 16 de marzo de 2006 “prohíbe la práctica del aleteo de tiburón en las aguas jurisdiccionales”, una acción que se clasifica como un delito ecológico y las multas van de mil a $100 mil.
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