La Diócesis de Chitré, que comprende las provincias de Herrera y Los Santos, servirá como mediadora entre las partes en conflicto, en un nuevo proceso de diálogo que inicia el martes 8 de enero.
Exigen retiro de cargos contra productores que protestaron en Divisa. Foto: Thays Domínguez.
A pesar de los llamados a manifestación a nivel nacional para el próximo viernes 11 de enero, una luz de esperanza se enciende en el problema entre los productores agropecuarios y el Gobierno, con la mediación de la Iglesia Católica.
Y es que la iglesia, representada por la Diócesis de Chitré, que comprende las provincias de Herrera y Los Santos, servirá como mediadora entre las partes en conflicto, en un nuevo proceso de diálogo que inicia el martes 8.
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El obispo de Chitré, Rafael Valdivieso, confirmó la designación del sacerdote Erick Domínguez como representante de la diócesis en las conversaciones que se realizarán en la ciudad capital entre productores y representantes del gobierno, entre ellos el ministro Eduardo Carles.
El obispo indicó que tras las primeras conversaciones se ha encontrado con un ambiente de escucha y buena intención, lo que es fundamental para el éxito de una mesa de diálogo. "Queremos que queden plasmados aspectos donde se promueva la seguridad de la producción nacional, ese es uno de los anhelos que todos tenemos", indicó Valdivieso.
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Se espera que este primer encuentro genere una mesa de trabajo que busque soluciones efectivas para el sector agropecuario, del que dependen muchas familias de la región azuerence. "Pedimos como Iglesia que el Estado, las instituciones que tienen que ver con el sector agropecuario, productores y comerciantes pongamos nuestra mirada en la producción nacional", enfatizó el obispo de Chitré.
Se busca que en esta reunión se retomen las negociaciones de al menos nueve puntos solicitados por los productores en agosto pasado, las cuales terminaron las tras las protestas del 18 de diciembre, en la que hubo fuertes enfrentamientos.
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Voceros de Unidos por el Agro manifestaron que una de sus esperanzas es que se retiren los cargos contra al menos ocho productores que enfrentan procesos judiciales tras las protestas en Divisa.
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