Albergue para infantes que fue querellado por presuntos malos manejos de subsidio prometió inculcarle "valores" a los niños

Paradójicamente la Fundación Chilibre Panamá (Funchipa), que fue denunciada penalmente por el supuesto delito contra la administración pública, gestionó su millonario subsidio estatal afirmando que fortalecería "los valores morales" de los niños que atendiera.

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Panamá América tuvo acceso a la Resolución 204 de 15 de mayo de 2019, emitida por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que le otorgó un subsidio a Funchipa de un millón 200 mil dólares, pagadero en dos años.

Al sustentar su solicitud de subsidio ante el Mides, regido en ese entonces por Michelle Muschett, Funchipa argumentó que los fondos serían usados para el "fortalecimiento de las habilidades sociales y los valores morales en niños, niñas y adolescentes".

Sin embargo, hace unos días el Mides se constituyó en querellante y la llevó ante el Ministerio Público, luego de realizar una auditoría y encontrar presuntas irregularidades en el manejo del subsidio asignado por el Estado, entre las cuales sobresale el supuesto uso del 72% en pagos administrativos.

Esta presunta irregularidad sucedió a pesar de que la resolución que aprobó el subsidio advierte taxativamente que no se podía utilizar más del 50% del monto asignado en el pago de gastos administrativos.

"Advertir al solicitante que el uso de los subsidios, para el pago de los salarios y gastos administrativos, deberá ser solicitado formalmente por los subsidiados mediante nota a las instituciones otorgantes, quienes estarán facultadas para autorizar dichos pagos, siempre y cuando estos no excedan de un 50% en el caso de organizaciones que brindan albergues", precisa el documento oficial.

El subsidio asignado a Funchipa se dividió en dos partidas anuales de $600 mil cada una y desglosadas en 12 pagos mensuales de $50 mil desde abril de 2019 a marzo de 2020 y otros 12 pagos de igual cantidad entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021.'

Deben presentar informes "detallados" de todas las actividades y programas, en beneficio de los menores, pagados con los subsidios. Además, tienen que llevar libros de contabilidad que permitan realizar una fiscalización efectiva por parte de la institución otorgante.

El subsidio fue tramitado ante la Dirección Nacional de Subsidios Estatales, regentada en ese momento por Laritza Valderrama, hermana del entonces diputado varelista Adolfo "Beby" Valderrama.

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Valderrama, quien también fue presidente de la Asamblea Nacional, pertenecía al círculo cero del presidente Juan Carlos Varela.

Precisamente, era la Dirección que encabezaba Valderrama la que, según la Resolución 204 que otorgó el subsidio, debía "fiscalizar" que el dinero del Estado se usara, efectivamente, en programas y proyectos enfocados en la atención de grupos prioritarios.

El Mides certificó en 2019 que Funchipa cumplió "a satisfacción" todas las exigencias legales, administrativas y de atención a menores en riesgo social.

El Decreto Ejecutivo 22 de 29 de mayo de 2018 advierte investigaciones penales contra los albergues subsidiados que hagan mal uso del dinero público.