Combate al tráfico de armas, un reto para Centroamérica

Las armas se vinculan ampliamente con la violencia. Casi el 75 % de los homicidios son perpetrados con armas de fuego.

En el caso de Centroamérica, Pier Angelli De Luca, del Departamento de Seguridad Pública de la OEA, recuerda que es la subregión de las Américas con la tasa más alta de homicidios, casi cuatro veces la tasa global.

Aunque el tema del tráfico es relevante, Angelli subraya que existen estudios que demuestran que hay un vínculo entre las armas lícitas e ilícitas.

"Muchas armas son importadas de forma legal a los países, pero también hay desvíos o robos en la región, además de tráfico entre fronteras a nivel interno. Nuestros países aún tienen debilidades en las regulaciones y marcos normativos. Particularmente en Centroamérica hay acceso fácil a las armas", comentó Angelli.

Según Angelli, se ha podido determinar que las armas recuperadas en América Central provienen en su mayoría de Estados Unidos, que es un gran productor de armas.

Factores como la porosidad en las fronteras y falta oportuna de gestión de los arsenales estatales favorecen los desvíos o robos de armas, lo que las mantiene circulando en las calles.

"La mayoría de las investigaciones se concentran en los delitos en los que se usan las armas, pero en el caso de las incautaciones hay dificultades con el tema de la cooperación internacional para poder hacer el rastreo de cuál fue el país fabricante, origen y ruta para llegar a su destino", expuso.

En esta línea agregó que ello en parte se da porque en ocasiones hay falta de capacidad policial debido a que están sobrecargados o no tienen conocimiento de los sistemas de rastreo existentes.

"Muchas veces son poquísimas las autoridades que están capacitadas para utilizar estos sistemas, que tampoco están a disposición de todas las fuerzas policiales. También vemos que a veces no hay capacidad de la propia investigación forense de determinar el número de serie. Hay métodos para tratar de determinarlos", subrayó.

De igual forma se refirió a los débiles protocolos de recuperación de armas que tiene la región.

Adicional a los homicidios, la experta recalca que las armas tienen otros impactos en la sociedad. Ellas favorecen los delitos patrimoniales, robos, extorsión o violencia de género. Además inciden en los gastos que realiza el Estado para su control.

Para ayudar en la gestión del tema, la Organización de Estados Americanos desarrolla el Estudio Hemisférico del Tráfico de Armas, cuyos objetivos son identificar características del tráfico de armas, conocer su impacto, entender las capacidades estatales para el manejo del tema y reconocer las tendencias.

La experta agregó que la participación de la sociedad civil, que trabaja directamente con las comunidades, es importante.

"Es un problema sistémico que hay que abordar desde diferentes perspectivas, ya sea con capacitación, tecnología o cambios legislativos. La cooperación internacional intenta trabajar esto con los países para identificar las deficiencias y trazar planes de acción", puntualizó.

Por su parte Guillermo Vásquez, de la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional Organizado, resaltó que aún restan por delante numerosos retos en la materia. Para ello es clave pasar de los acuerdos a la implementación, aunque es consciente que cuando se va al campo la realidad es diferente.

En el país, durante 2022, las provincias con más incautaciones de armas fueron Panamá, Colón, Chiriquí y Panamá Oeste.

Los decomisos del año pasado ascendieron a 3.110 armas de fuego y 92.467 municiones, en más de 13.000 diligencias de allanamiento realizadas por la policía y el Ministerio Público.

Actualmente se mantiene vigente en el país el programa Pacificando mi Barrio, que busca sacar estos armamentos de las calles y reducir la violencia. Bajo este programa se entregaron de manera voluntaria 1.004 armas de fuego y más de 60.000 municiones en 2022.

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