Comunidades urgen al Gobierno tomar acción y sentarse a negociar un nuevo acuerdo

Las comunidades de La Pintada, Omar Torrijos Herrera y Donoso pidieron al Gobierno abrir una mesa de diálogo permanente y negociar un nuevo acuerdo sobre el futuro de la actividad minera, ante la propuesta de la Comisión de Ministros de avanzar con un cierre ordenado de la mina.

A través de un pronunciamiento del Comité Cívico que las representa, las comunidades señalaron que reconocen la complejidad del tema y consideran necesario buscar una salida ordenada, pero advirtieron que cualquier decisión tendrá un impacto directo en las familias, comercios y gobiernos locales de estos distritos.

“Pedimos voz, representación real y participación efectiva en las mesas donde se definan los pasos a seguir”, señalaron las comunidades, al considerar que quienes viven en las zonas cercanas al proyecto conocen de primera mano sus impactos y oportunidades.

De acuerdo con el Comité Cívico, son cerca de 50 mil panameños entre trabajadores, productores, comerciantes, jóvenes y adultos mayores cuyo sustento depende de la estabilidad económica de la región.

Las comunidades también señalaron que sus municipios tienen una limitada capacidad para generar ingresos propios y empleo estable, por lo que dependen en buena medida de las transferencias del Estado. Advirtieron que la paralización de una actividad económica de esta magnitud repercute en los hogares y en la capacidad de los gobiernos locales para atender las necesidades de la población.

El Comité Cívico sostuvo que la actividad minera puede representar una oportunidad para alcanzar un nuevo acuerdo, siempre que exista diálogo, reglas claras y beneficios concretos para las comunidades.

“No buscamos imponer una posición, sino que cualquier camino sea fruto de un acuerdo donde tengamos asiento, garantías y certeza”, indicaron.

Uno de los principales planteamientos de las comunidades es que no existe actualmente un plan alternativo de desarrollo que permita sustituir el empleo, la actividad comercial y los ingresos que genera la actividad vinculada al proyecto minero.

Por ello, consideran que cualquier proceso de cierre o transición debe estar acompañado de un programa de desarrollo para los distritos, con metas, plazos y responsables definidos, que permita reducir el impacto económico sobre las familias.

Las comunidades solicitaron al Gobierno establecer una mesa de diálogo permanente con representación comunitaria y reiteraron su disposición a participar en la búsqueda de una solución.

“Estamos convencidos de que el futuro de nuestros pueblos debe construirse junto a ellos”, concluyeron.