¿Cuántas pensiones alimenticias puede pagar una misma persona en Panamá? Esto dice la ley

El proceso de solicitar una pensión alimenticia suele generar muchas dudas y falsas expectativas en Panamá. ¿Existe un límite de demandas que puede recibir un padre o madre? ¿Cómo decide un tribunal cuánto dinero le toca a cada hijo cuando el presupuesto familiar es ajustado?

Para esclarecer el panorama legal, consultamos a la especialista en derecho de familia, la abogada Alba Victoria Bárcenas, quien desmitificó el proceso y detalló los criterios reales que utilizan los juzgados en el país para fijar el sustento de los menores.

El mito del límite: ¿Cuántos casos de pensión puede acumular una persona?

Contrario a lo que se suele creer en la calle, la legislación panameña no establece un tope numérico para las demandas de alimentos. De acuerdo con la abogada Bárcenas, "no hay un límite específico, una persona puede tener tantas obligaciones como hijos o dependientes tenga".

Sin embargo, que no exista un límite de casos no significa que los montos se asignen a ciegas. Cuando un obligado acumula múltiples demandas, la figura de la autoridad judicial se vuelve clave. 

"Será el juez quien evaluará su capacidad económica para distribuir equitativamente el recurso sin afectar el bienestar de todos los beneficiarios", explica la especialista, recordando que ante la ley ningún hijo tiene prioridad sobre otro.

La balanza del Juez: ¿Qué aspectos determinan la cuantía?

Una de las preguntas más frecuentes entre los ciudadanos es quién y cómo se decide la cifra final de la pensión. Al respecto, la licenciada Bárcenas aclara que no se trata de caprichos personales, sino de un análisis de factores técnicos.

"No es qué persona, sino qué aspecto lo determina. La cuantía últimamente la determina un juez de familia conforme a los criterios establecidos", señala.

Para fijar ese monto económico, la justicia panameña analiza una balanza obligatoria basada en dos elementos fundamentales:

1. La necesidad del beneficiario
No se trata de pedir una cifra al azar; se debe poner sobre la mesa todo lo que el menor necesita para su desarrollo integral según su edad y condición. Esto incluye los gastos de vivienda, vestido, educación y atención médica, entre otros propios de su cotidianidad.

2. La capacidad económica del obligado
El juzgado pone bajo la lupa la realidad financiera de la persona demandada. Según detalla Bárcenas, se evalúan a fondo "los ingresos reales, bienes, nivel de vida y las posibilidades económicas de la persona que debe pagar la pensión".

Además de estos dos pilares, el juez también toma en cuenta factores del entorno del demandado, tales como el número total de hijos, su carga de familia actual, la estabilidad laboral y sus gastos comprobables.

 "En resumen, la cuantía es un equilibrio entre lo que el menor necesita y lo que el obligado puede pagar, siempre priorizando el bienestar superior del menor", concluye la abogada Alba Victoria Bárcenas.