Productores y molineros estarían atentando contra el patrimonio del Estado
La certificación de compra de molineros a productores, en ocasiones, representados por ellos mismos, incurre en un caso de conflicto de intereses.
Ramón Abadi Balid, administrador de Acodeco en su informe sobre las irregularidades encontradas. Foto: Archivo
La compra y venta de arroz de primera entre molineros que también son productores, es uno de los causantes de la desvirtualización del mercado, según la abodada Edna Ramos.
En una entrevista a Nex Noticias, la abogada penalista señaló que el descontrol y desabastecimiento del arroz de primera o subsidiado en las estanterías se debe a que se relajaron los controles para adquirir este beneficio económico, específicamente, con la modificación de la ley del 9 de agosto de 2016, en la cual se abreviaron los procesos de control, permitiendo la acreditación de una misma persona en dos roles diferentes.
La reducción de 10 de estos pasos a 5, permitió que los molineros reclamaran el pago de la compensación con la sola presentación de compra realizada a los productores, en ocasiones, representados por ellos mismos, incurriendo en un posible conflicto de intereses.
"Hay molineros que también son productores, allí considero yo, que la producción debería entregarse en otro molino, para que fuera otro el que certificara su entrega", afirmó Ramos.
A su juicio, no se puede normalizar esta práctica ilegal, ya que, al estar involucrado el patrimonio del Estado, desde el punto de vista jurídico se podría estar incurriendo en un caso de peculado o potenciales falsedades.
Con respeto al rol de los productores, expresa que también se detectaron anomalías en las declaraciones de entrega de productos que correspondían a los mismos predios, lo que incurre también en la comisión de un delito.
Delitos que si exceden de 1,000 dólares, la condena sería entre 8 a 15 años (peculado), y 4 a 8 años (falsedad), por ello, Ramos, solicita al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) realizar una investigación rigurosa con apoyo de la Contraloría para acreditar la existencia del hecho punible en cuando al delito contra la administración pública y falsedad.
Las irregularidades encontradas por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), llevaron a que el Gobierno tomara la decisión de eliminar el arroz de primera del listado de control de precios y la compensación de $7.50.
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