Simplificación de procesos es esencial para las contrataciones

Le llegó el turno a la Ley de Contrataciones Públicas de ser actualizada y el Gobierno preparó un proyecto que reforma, al menos, 19 artículos para modernizar, fortalecer la transparencia, la integridad, la eficiencia y la seguridad jurídica de las contrataciones públicas.

Al respecto, el exministro de Economía, Frank De Lima, dijo que lo que siempre se quiere, cada vez que se reforma esta ley, que los procesos sean más rápidos, transparentes y que, al final, el Estado consiga el mejor precio de los bienes y servicios que contrata.

Considera que los avances tecnológicos también contribuyen a que se vaya modernizando la ley.

Por su parte, el economista Salomón Samudio, dijo que es importante que se simplifiquen procesos.

A su consideración, la legislación tiene una serie de pasos que son muy largos, además de las extremadas garantías para presentar reclamos que facilita.

"Las etapas de reclamos deberían quedar al final en el proceso de ejecución de la propia contratación, dado que hoy ese es un proceso virtual bastante mecánico y transparente", expresó.

Por otra parte, Samudio piensa que se le debe permitir a las instituciones que compran equipos tecnológicos de alta gama, como las universidades, hacer precalificación de empresas que deben funcionar como pequeños convenios marcos para permitir licitar el derecho de ser proveedor de una institución.'

20

años tiene la Ley de Contrataciones Públicas, sancionada en el gobierno de Martín Torrijos.

 

19

artículos de la norma serán reformados por este gobierno, que presentará un proyecto.

 

"Eso permite a la institución pueda hacerle pedidos directos por un año, por ejemplo, dependiendo de su necesidad, para hacer un uso del presupuesto de manera eficiente", sugirió el economista.

Samudio dijo que debiera existir más convenios marcos porque es la manera más eficaz que existe de contratación, a su criterio.

También, dijo que la Contraloría debiera tener un tiempo perentorio para emitir refrendos, ya que al haber demoras, castiga al presupuesto de las instituciones.

El proyecto debe ser presentado a la Asamblea Nacional para sus debates.