Panamá
Este martes no fueron atendidos en la Presidencia de la República, donde debía celebrarse una reunión para conocer que respuesta les daría el Ejecutivo a sus reclamaciones.
Los sobrevivientes exigen ser tratados con prioridad por el sistema de salud pública. Foto: Archivo
Los sobrevivientes del dietilenglicol se quedaron esperando una reunión que tenían que haber sostenido con un representante del Ejecutivo, en este caso el viceministro de Trabajo, Roger Tejada, en la Presidencia de la República.
Los pacientes iban a seguir discutiendo sobre las respuestas a sus peticiones, sin embargo, ante la ausencia del funcionario decidieron retirarse y anunciaron que tomaran medidas de fuerza para ver si de esta manera son atendidos.
“Nosotros vamos a actuar en los próximos días, al cierre de calles en el área de Divisa. No hay otra forma de que las autoridades de este gobierno entiendan de una vez por todas que el tema de nosotros es responsabilidad del Estado”, manifestó Gabriel Pascual, vocero de los afectados.
En la agenda todavía está pendiente la aprobación de las certificaciones de alrededor de mil personas que fueron víctimas de los medicamentos producidos en la Caja de Seguro Social (CSS) contaminados con el tóxico.
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Además, se vería las exigencias de mejor atención de salud, acceso a medicamentos y el aumento a la pensión vitalicia solicitado por las víctimas.
A pesar de contar con un centro especial para su atención, los pacientes se quejan de que los servicios de salud que reciben son deficientes, además de que como los demás asegurados no encuentran medicinas en las farmacias de la CSS.
En este gobierno se estableció una mesa de diálogo con las víctimas del dietilenglicol, sin embargo, no ha habido mayores avances en cuanto a las peticiones que realizan estos pacientes.
Un capítulo que por la vía judicial concluyó pero que a nivel administrativo y de atención a estas personas no se ha cerrado, a lo largo de cuatro gobiernos que han transcurrido desde que se destapó la tragedia de salud pública, en octubre de 2006, durante el gobierno de Martín Torrijos Espino (PRD).
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