Panamá
Es el pensamiento del abogado Víctor Orobio, al conocer los primeros fallos de las demandas que colocaron las víctimas del tóxico dietilenglicol.
A lo largo de dos décadas, han sido constantes las protestas de víctimas, sobrevivientes y familiares de los envenenados por el dietilenglicol, peleando por mejor atención. Archivo
Por primera vez en la historia, Panamá va a recibir más de 500 sentencias por un solo hecho, situación que no tiene precedente.
Y es lo que está comenzando a ocurrir con los primeros fallos a favor de las víctimas del envenenamiento masivo por dietilenglicol, tragedia que se conoció hace 20 años, por demandas interpuestas a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
No obstante, existe disconformidad por la indemnización de los primeros casos, que es de 25 mil dólares.
Con la reflexión sobre lo ocurrido, viene la pregunta de cuánto vale el daño que se ocasionó a estas personas.
Víctor Orobio acompañó a casi 40o afectados a interponer las demandas y aunque está contento de los primeros fallos, le queda ese sinsabor.
"Hay una valoración muy limitada de lo que es el daño moral, que no hay una forma de establecer una cuantía fija, porque es un tema muy afectivo, muy sentimental, muy psicológico, de dolor, de profundidad, de agonía", dijo el abogado.
A su criterio, en Panamá no se ha desarrollado la teoría ni la práctica de poner en perspectiva la dignidad de la persona.'
6
millones de dólares era el monto que reclamaban las víctimas en concepto de resarcimiento.
25
mil dólares es la indemnización fijada por la Sala Tercera en los primeros fallos.
Eso repercute en que decirle a un sobreviviente o a una víctima directa que le vas a dar 25 mil dólares o 30 mil o 50 mil por un daño moral es irrisorio desde el punto de vista de tasar el daño.
A juicio de Gabriel Pascual, vocero de las víctimas, que a través de un comité han logrado una pensión vitalicia de parte de la Caja de Seguro Social (CSS), dijo que habrá que evaluar cuáles fueron los elementos que utilizó la Corte en cuanto a cada caso, de manera muy individualizada, dando las condiciones y las características o los perfiles de cada víctima.
Pascual recordó que este capítulo trágico de la salud pública está lejos de terminar, pues todavía hay una cantidad considerable de víctimas que todavía no han sido certificadas como tales, además de los reclamos por una mejor atención de salud.
"Hay más de 400 casos que aún están pendientes en la Corte y otros en la instancia gubernamental, por la forma en como el Ministerio de Salud ha venido dando el tratamiento de estos casos", declaró Pascual.
Las quejas de estos pacientes se desglosan en que no son atendidos con la prioridad que merecen, los medicamentos que requieren escasean.
"Ha habido un retroceso profundo en cuanto a los compromisos de las autoridades de poder garantizar un servicio prístino y, sobre todo, de credibilidad y confianza en la población", resaltó.
Dino Mon, director general de la CSS, dijo que están digiriendo la información que contienen los primeros fallos, la cual es bastante extensa.
En este sentido, expresó que la CSS hará lo que la ley y la justicia establece, en el tiempo que la misma ha estipulado.
"Han pasado 20 años de mucho dolor y la CSS se tiene que solidarizar con todos estos panameños que han vivido un proceso muy largo y que hoy se les ha hecho justicia y nosotros seguiremos lo que la justicia dice", se comprometió Mon.
En la actualidad, más de 900 víctimas del envenenamiento masivo reciben una pensión vitalicia de $1,000 mensuales de parte de la CSS.
"Estamos apelando a que (los magistrados) puedan corregir las sentencias que vengan para poder valorar un poco más ese daño moral", señaló Víctor Orobio.
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