A12 años de la tragedia del bus 8B-06, familiares y víctimas de las tragedia consideran demandar al Estado panameño.
Estados Unidos es una "bofetada" a la justicia panameña en caso del bus 8B-06. Foto/Victor Arosemena
A 12 años de la tragedia, Luis Contreras uno de los sobreviviente del incendio del bus 8B-06 registrado el 23 de octubre de 2006 y que dejó 18 personas calcinadas reiteró el fracaso de las autoridades panameñas en materia de transporte público.
'No necesitamos personas ineptas en la Autoridad del Tránsito', dijo contreras durante la homilía presidida por monseñor Óscar Brown en Iglesia Don Bosco para recordar a las víctimas.
A juicio de Contreras 'el cargo le quedó grande' al director de la Autoridad de Tránsito y tránsporte Terrestre (ATTT) para hacer frente nos solo al proceso sino a las irregularidades que persisten en el sistema de transporte.
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En tanto, el abogado de las víctimas Víctor Martínez señaló que 'la justicia en nuestro país no ha llegado, pero en Estados Unidos se avanza hacia indemnizaciones a los familiares y sobrevivientes, para posteriormente analizar la posibilidad de demandar al Estado panameño ante la Comisión de los Derechos Humanos (CIDH)'.
"Ahora que hemos logrado un preacuerdo con Estados Unidos, vamos a esperar que se formalice todo para luego ver y analizar la posibilidad que podamos en la Comisión de los Derechos Humanos (CIDH) demandar al Estado panameño", aseguró Martínez.
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Dijo que ese preacuerdo en Estados Unidos es una "bofetada" a la justicia panameña, especialmente, a los magistrados de la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de ese entonces, que eximieron de responsabilidad a todo el mundo y a nivel penal solamente condenaron al conductor y al propietario del bus, que menos responsabilidad tenían, señaló Víctor Martínez, representante legal en Panamá de los afectados.
Recordó que en este país se indemnizó a los familiares de los chilenos del helicópteros que cayó en Calidonia donde murieron, pero los panameños que fallecieron en el bus 8B-06 que eran humildes para esos no hay justicia.
La reflexión de esa tragedia sobre la avenida Martín Sosa, principalmente, para las autoridades a nivel del Ejecutivo, el Ministerio Público y el Órgano Judicial que situaciones como esta no debe repetirse en este país.
Además, deben analizarse y revisarse por parte de las autoridades, porque no se hizo justicia con los familiares de los que murieron y los sobrevivientes. Existe una deuda moral y debe haber resarcimiento para los parientes de éstos y los que no perecieron que iban en el bus 8B-06, el trágico 23 de octubre de 2006.
"Hay una gran verdad: el Estado panameño tiene mucha responsabilidad, también la Autoridad del Tránsito de aquel entonces, porque ese bus no tenía puerta ni ventana de emergencia... Fue prestado con un dinero del Banco Nacional y el perito que inspeccionó el bus no sabía manejar ni tenía licencia tampoco conocía de mecánica. La especialidad de él era perito agropecuario en ganado, no en transporte público", manifestó el abogado Martínez.
Insistió que hubo mucha irresponsabilidad tanto del Gobierno como de la empresa privada.
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