El ministro del MIDA, Roberto Linares, informó que se espera cancelar los pagos atrasados en abril próximo, los cuales están relacionados con las compensaciones
Los mandatarios tienen previsto una conversación este viernes.
Rebeca Grynspan, secretaria general interina de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, recordó que esta es una región de paz.
Las autoridades reconocieron que deben ser más contundentes a la hora de explicar el paquete de reformas a la CSS, ya que es un tema muy técnico.
El próximo miércoles 23 y el lunes 28 no habrá reunión, sino hasta el 30 de octubre, en la cual se espera contar con la presencia del presidente Mulino.
Para la próxima semana se debe tener ya una definición de cuáles son los consensos y disensos con miras a esa propuesta final que se enviará a la Asamblea.
El gremio considera que es indispensable que el Gobierno comunique de manera efectiva cómo se llevará adelante la evaluación de estas propuestas.
Valentín Domínguez, dirigente del sector, indicó que de no darse una respuesta por parte de las autoridades, no descartan la posibilidad de salir a protestar.
En total, se sustentaron siete propuestas de nueve que se habían anunciado, sin embargo, los jubilados indicaron que van sustentar una propuesta.
Desde la próxima semana, se colocarán las ideas en una matriz para revisar los puntos de acuerdo y aquellos con diferencias.
La ANEP se adhiere a la propuesta del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) para las reformas del IVM.
Se planteó recuperar aportes que pudieran existir como el fideicomiso y la creación de un albergue de jubilados y pensionados.
Según cálculos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 1 de cada 4 trabajadores de la empresa privada es evadido de la CSS.
Todas las propuestas y documentos presentados estarán disponibles en el sitio web conversatoriocss.aig.gob.pa el cual estará abierto a todo el público.
La resolución de la Defensoría, destaca que la Policía Nacional tenía la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en las protestas.
