Transición a la economía circular continúa sobre el tapete legislativo
El proyecto de Ley 1090 busca generar una Plan Nacional de Economía Circular para incentivar mejores prácticas a las empresas desde el diseño hasta la venta.
En Panamá se produce alrededor de 1,2 kilos de desecho per cápita al día, según datos de la Cámara de Reciclaje de Panamá. Foto: Archivos
Panamá continúa analizando la normativa que impulsa la transición a la economía circular para revertir la forma cómo se producen y consumen productos, para reducir la cantidad de desechos que se generan cada día en el país.
Una subcomisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional se reunió este lunes con autoridades ambientales, representantes de la empresa privada y otras organizaciones para analizar e incorporar aportes de distintas instituciones al proyecto de ley 1090, que protege el medio ambiente al promover el reciclaje y la economía circular y dicta otras disposiciones.
El diputado Gabriel Silva, proponente del proyecto de ley, sostiene que esta iniciativa, además de desarrollar la economía circular, creará más empleos, ayudará al aprovechamiento y la elaboración de los productos, así como también al tema del reciclaje.
El proyecto de Ley 1090 busca generar una Plan Nacional de Economía Circular para incentivar mejores prácticas a las empresas desde el diseño hasta la venta de los productos, así como crear conciencia para que las personas reciclen más y compren los productos que vienen de la economía circular.
Según datos de la Cámara de Reciclaje de Panamá, en Panamá se produce alrededor de 1,2 kilos de desecho per cápita al día, mientras que el promedio de la región de América Latina es de 1 kilo, mientras que el promedio de reciclaje en nuestro país es del 5% de desechos generados.
Panamá viene a ser el segundo país de América Latina, sólo superado por Chile, con más producción de desechos por habitante.
La disposición de la basura en vertederos a cielo abierto, por ejemplo el de Cerro Patacón, se ha convertido en un problema de salud pública y ambiental, señaló el proponente en su exposición de motivos. El vertedero de Cerro Patacón que recibe más de 70 toneladas de basura de la Ciudad de Panamá cada mes ha causado innumerables problemas sanitarios para las comunidades a su alrededor.
Así mismo, se calcula que Panamá descarga 102,229 toneladas de basura cada año en el mar, de la cual 60% al 80% es plástico. La Fundación Marea Verde encontró que los desechos sólidos flotantes con mayor presencia en el Río Matías Hernández son botellas plásticas de polietileno tereftalato (PET) con un 29.50%. Cada botella de plástico tarda unos 450 años en descomponerse.
Aunque el PET es reciclable, en Panamá, 77,285 toneladas de plástico no se gestionaron correctamente solamente en el 2020, desechándose en los rellenos sanitarios y vertederos y/o contaminando la naturaleza y ecosistemas marinos, detalló el documento.
La economía circular se define como un modelo económico y productivo que busca minimizar el desperdicio de recursos naturales y la generación de desechos, al tiempo que se promueve la regeneración y el uso eficiente de los recursos existentes.
El proyecto de Ley 1090 también promueve la creación de un fondo de incentivo para promover la cultura del reciclaje y fomenta la creación de carreras de grado y postgrado, diplomado y similares orientados a fortalecer la economía circular.
Esta iniciativa contempla que los gobiernos locales e instituciones públicas instalen estaciones de recarga de botellas de agua en lugares públicos.
Igualmente, busca fomentar la investigación, desarrollo e innovación. El Ministerio de Comercio e Industrias, con asesoramiento del Ministerio de Ambiente, establecerá estrategias y mecanismos para estimular la inversión pública y privada en investigación, desarrollo e innovación orientados hacia la economía circular.
Estas iniciativas buscarán incentivar a empresas, emprendedores y centros de investigación para generar proyectos y soluciones innovadoras que contribuyan a una economía más sostenible.
Durante la reunión de la subcomisión de Ambiente, de este lunes 19 de febrero, estuvieron presentes representantes del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), y del sector privado como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y de varias asociaciones, quienes dieron sus aportes.
El proyecto de Ley 1090 fue prohijado por la comisión legislativa el 26 de septiembre de 2023 y 17 de octubre fue enviado a una subcomisión liderada por el diputado Juan Diego Vásquez para ser analizado.
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