Armadores advierten sobre privatización del sector marítimo
Al dejar a Colón 2000 escoger al despachador de combustible en los puertos de cruceros se atenta contra la libre competencia, asegura Asociación de Armadores.
Son más de 40 cruceros los que se esperan en esta temporada en el nuevo puerto de Amador. Foto: Archivo
El conflicto surgido a raíz de la concesión de expendio exclusivo de búnker a las embarcaciones que utilizan el nuevo puerto de cruceros de Amador toma cada vez más fuerza y hay agrupaciones que afirman que todo el sector marítimo se ha privatizado, con la posición que ha tomado la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
En este sentido, la Asociación de Armadores Panameños (ARPA) rechaza la posición de la AMP, que afirma que “los servicios marítimos auxiliares que son ofertados en las instalaciones portuarias son controlados por el operador directamente”.
“El generalizar que el operador de puertos controla todos los servicios marítimos auxiliares de un puerto, o que el Gobierno no tiene injerencia en la operación de tales servicios, una vez concesionada una terminal portuaria, es lo mismo que decir que la actividad entera se ha privatizado sin cumplir con los mínimos protocolos establecidos en las leyes que la AMP se supone que debe cumplir”, expresa ARPA en un comunicado.
La administración del nuevo puerto, ubicado en isla Perico, fue concedida a la empresa Colón 2000 por 25 años prorrogables.
Colón 200 entregó a la empresa Monjasa, la exclusividad en el suministro de combustible para los cruceros que atracan en los puertos que administra, entres estos el de Amador.
Según el gremio de armadores, se pretenden aplicar prácticas monopolísticas en los puertos, “ante la mirada cómplice de la AMP”, lo que amenaza con afectar la imagen internacional de Panamá.
ARPA aclaró que los servicios marítimos auxiliares son contratados entre el cliente y la empresa naviera, es decir, entre los dueños de la nave y la petrolera de la que se trate, práctica que se sigue en Panamá y en todas partes del mundo.
Al menos, 23 líneas de cruceros han dejado saber su inconformidad por esta medida y la del Servicio Nacional de Migración de establecer el cobro de $5, como shore pass o pase a tierra, para cada tripulante de cruceros.
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“La AMP regula las actividades y emite licencias de operación a las empresas, por lo cual cobra cánones mensuales y estas organizaciones esperan a cambio que la entidad sea garante de la libre competencia en igualdad de condiciones”, destacan los armadores.
El gremio pidió al administrador general de la AMP, Noriel Araúz, que aplique los correctivos necesarios para procesar a los responsables, dentro y fuera de las oficinas públicas que hayan concebido estos desaciertos “que dañan no solo a una industria, sino a toda una República”.
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