El Estado panameño que ha recibido por parte de PPC cuatro pagos por un monto de $8 millones en 23 años determinará si el contrato es beneficioso o no para el país.
Panamá Ports Company tiene en concesión los puertos de Balboa y Cristóbal.
El ministro consejero de facilitación de la inversión privada José Alejandro Rojas adelantó en el noticiero matutino de TVN Noticias que el Gobierno Nacional revisará el contrato de concesión de Panamá Ports Company (PPC), con el fin de determinar si ha sido beneficioso o no para Panamá.
Informó que el equipo interinstitucional en el cual participará el Ministerio de Economía y Finanzas se debe revisar completamente ese contrato y cualquier otro que se vaya a renovar.
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El Estado panameño ha recibido por parte de PPC cuatro pagos por un monto de $8 millones en 23 años. Esto es contrario a los $22.2 millones que PPC se había comprometido a pagar como anualidad fija antes del 2002.
El contrato de PPC en el que el Estado tiene un 10% de participación vence en menos de dos años, sin embargo, PPC, que tiene en concesión los puertos de Balboa y Cristóbal, en los lados Pacífico y Atlántico, espera que una vez finalicen los primeros 25 años de concesión se haga la renovación por 25 años más.
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Rojas aclaró que si bien hay que respetar la seguridad jurídica para atraer inversiones, no suena bien que AES en la regasificadora y generadora de energía que hay en Colón le paga $10 millones a PPC anualmente por el alquiler, mientras que el Estado panameño sólo ha recibido $8 millones.
"Hay que revisar hasta la última letra del contrato para poder defender los mejores intereses del país, no se debe renovar nada hasta poder auditarlos dentro del marco legal, porque tampoco queremos caer en una ilegalidad", señaló Rojas.
Por su parte, PPC defiende que ha contribuido con más de $423 millones en pagos directos al Estado en concepto de canon por cada contenedor que es movilizado en ambos puertos y en concepto de dividendos.
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Además asegura que aporta mensualmente más de 2.6 millones de dólares en salarios y 1.3 millones en seguridad social a favor de alrededor de 1,500 colaboradores, así como la generación de alrededor de 25 mil empleos indirectos, entre cientos de pequeñas, medianas y grandes empresas, que fungen como proveedores de productos y de servicios para ambos puertos.
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