Piratería de software reduce ingreso fiscal
Publicado 2002/10/15 23:00:00
- Ricardo Archibold Méndez
PriceWaterHouse Cooper asegura que si este año los índices de piratería en Panamá, marcarán un 25%, el fisco nacional percibiría unos 27 millones.
El uso ilegal del software puede ser muy costoso para las economías que incurran en este delito. Las leyes de derechos de autor y los convenios internacionales sobre la materia protegen al software al igual que a una obra literaria. Esto significa que no se pueden reproducir ni instalar copias no autorizadas de éste , es decir “piratear software”.
Según la organización Business Software Alliance (BSA), Panamá ha dejado de percibir millones de dólares a consecuencia de este ilícito.
Un estudio realizado por la firma consultora PriceWaterHouseCooper asegura que si este año los índices de piratería en Panamá en lugar de marcar un 64% hubieran sido del 25%, el fisco nacional percibiría un total de 27 millones de dólares, en impuestos sobre la renta.
Pero, con los índices de piratería actual sólo está percibiendo 9 millones de dólares.
De acuerdo con Nicole Darlington, representante legal de BSA, si estos índices bajaran se crearían unas 2 mil plazas de trabajo en la industria del software, una cifra superior a la actual que sólo llega a las 900 plazas de empleo.
“Es un efecto macro porque en el momento que se distorsiona el comercio automáticamente se da un impacto en la economía y las industrias de software pierden millones de dólares” dijo Darlington.
A consecuencia, de las pérdidas que genera a las economías los gobiernos del mundo han adoptado una serie de “Mecanismos para el combate contra la piratería de fonogramas”.
Este tema será desarrollado por la BSA en el IV Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos denominada “La propiedad intelectual: un Canal para el Desarrollo”.
Según Darlington, la lucha contra el delito debe iniciar con el compromiso del gobierno de no sólo expedir leyes agresivas y disuasivas que impidan y prevengan la comisión del hecho ilícito en el marco de los programas de computo de las obras protegidas.
Sostuvo que es necesaria la intervención de los distintos gobiernos que justamente a través de decretos ejecutivos regulan el uso del software a nivel gubernamental.
En la actualidad los países más desarrollados como EU están activando nuevos mecanismos de control a través de la firma de convenios y tratados que ataquen el delito cibernético, el cual incluye la informática.
A juicio de la representante de BSA “el impacto de este ilícito es tal que desde el momento que la copia ilegal reemplaza a la copia original se crea una distorsión comercial y una competencia desleal”.
Y es que los riesgos de la utilización de software ilegal está en aumento. Ahora el Internet el cual se ha convertido en una autopista de la información donde millones de usuarios tienen acceso a bajar nuevos programas y distribuirlos.
Las declaraciones de la representante de BSA se dieron en el marco del Congreso el cual fue inaugurado por Geoffrey Yu, Vice-Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Adolfo Linares Franco, viceministro de Educación, Pedro Colmenares, subdirector General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura de Madrid y Nuno Manuel Da Silva Goncalves, director del Gabinete de Derecho de Autor de Portugal.
Según la organización Business Software Alliance (BSA), Panamá ha dejado de percibir millones de dólares a consecuencia de este ilícito.
Un estudio realizado por la firma consultora PriceWaterHouseCooper asegura que si este año los índices de piratería en Panamá en lugar de marcar un 64% hubieran sido del 25%, el fisco nacional percibiría un total de 27 millones de dólares, en impuestos sobre la renta.
Pero, con los índices de piratería actual sólo está percibiendo 9 millones de dólares.
De acuerdo con Nicole Darlington, representante legal de BSA, si estos índices bajaran se crearían unas 2 mil plazas de trabajo en la industria del software, una cifra superior a la actual que sólo llega a las 900 plazas de empleo.
“Es un efecto macro porque en el momento que se distorsiona el comercio automáticamente se da un impacto en la economía y las industrias de software pierden millones de dólares” dijo Darlington.
A consecuencia, de las pérdidas que genera a las economías los gobiernos del mundo han adoptado una serie de “Mecanismos para el combate contra la piratería de fonogramas”.
Este tema será desarrollado por la BSA en el IV Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos denominada “La propiedad intelectual: un Canal para el Desarrollo”.
Según Darlington, la lucha contra el delito debe iniciar con el compromiso del gobierno de no sólo expedir leyes agresivas y disuasivas que impidan y prevengan la comisión del hecho ilícito en el marco de los programas de computo de las obras protegidas.
Sostuvo que es necesaria la intervención de los distintos gobiernos que justamente a través de decretos ejecutivos regulan el uso del software a nivel gubernamental.
En la actualidad los países más desarrollados como EU están activando nuevos mecanismos de control a través de la firma de convenios y tratados que ataquen el delito cibernético, el cual incluye la informática.
A juicio de la representante de BSA “el impacto de este ilícito es tal que desde el momento que la copia ilegal reemplaza a la copia original se crea una distorsión comercial y una competencia desleal”.
Y es que los riesgos de la utilización de software ilegal está en aumento. Ahora el Internet el cual se ha convertido en una autopista de la información donde millones de usuarios tienen acceso a bajar nuevos programas y distribuirlos.
Las declaraciones de la representante de BSA se dieron en el marco del Congreso el cual fue inaugurado por Geoffrey Yu, Vice-Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Adolfo Linares Franco, viceministro de Educación, Pedro Colmenares, subdirector General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura de Madrid y Nuno Manuel Da Silva Goncalves, director del Gabinete de Derecho de Autor de Portugal.

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