Registro panameño de barcos sigue cayendo en picada

El registro panameño de barcos está cerca de perder su liderazgo por primera vez, en medio de una cuestionada gestión de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y su dirección de Marina Mercante, en el gobierno de Laurentino Cortizo.

Las propias cifras de la AMP revelan que, durante el 2022, la entidad a cargo de Noriel Araúz como administrador y Rafael Cigarruista, director de Marina Mercante, no ejecutaron medidas efectivas para corregir el rumbo decadente del registro panameño de buques.

El último informe del departamento de registro de buques de la AMP revela que el año pasado el registro panameño perdió1,126 naves que representan 19 millones 656mil 112 toneladas de carga.

Incluso el informe de naves canceladas expone en detalle la pérdida por representante legal, estableciendo que de la firma Morgan y Morgan se retiraron 158 barcos que representan 6.6 millones de toneladas.

La segunda firma donde más retiro de barcos hubo fue Arias B y Asociados con 210 naves que representan 5.1 toneladas. Le siguen GMCG Legal con 32 barcos que representan766 mil toneladas, Mulino y Mulino con 19 que representan 591 toneladas, MLS & Asociates con 61 naves que representan 482 toneladas.

En agosto del 2022, el subdirectorde Marina Mercante de la AMP, Demóstenes Sánchez, denunció a su superior, Rafael Cigarruista, de no haber tenido la voluntad para trabajar en un plan que evitara que Panamá estuviera en riesgo de perder su posición como líder en el registro de buques.

Sánchez acusó a su jefe de hacer una mala gestión administrativa, ya que se negó a hacer las consultas pertinentes del tema y asignar presupuesto para implementar una agresiva campaña de promoción del mercado panameño. Dijo, en ese entonces, que para Cigarruista, el tema no ha sido prioridad.'

126

naves perdió el registro panameño, que representan 19 millones 656mil 112 toneladas de carga.

158

barcos de la firma Morgan & Morgan se retiraron que representan 6.6 millones de toneladas.

Cigarruista tiene su propia versión de este panorama nublado para el registro panameño de buques y señaló que el problema se debe a que todo se maneja bajo un modelo de gestión obsoleto. Pero tanto Cigarruista como Araúz llevan casi 4 años en el cargo, sin poder corregir el deterioro del registro panameño.

En un cuestionario que Cigarruista respondió dijo que el marco regulatorio del registro panameño no se revisa desde el 2008. A pesar de ello, asegura que han logrado tomar medidas para solo disminuir la fuga de barcos del registro panameño. "El negocio del registro de naves es muy dinámico y como en todos los mercados se necesita hacer una revisión al modelo de negocios y las estrategias con las cuales se compite internacionalmente, estas revisiones deben hacerse con una frecuencia, acá no se revisa el marco regulatorio desde 2008, y en torno a ello es precisamente donde hemos enfocado nuestra gestión en el cambio y adecuación de modelo de negocio", señaló el funcionario.

Dijo que al iniciar la Administración y luego de realizar un análisis de nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades, y amenazas, "nos planteamos que la ruta a seguir respondería a 4 pilares estratégicos que son la atención al cliente (mejor servicio), el cumplimiento internacional, la tecnología e innovación, y la reingeniería de los procesos". "Atendiendo a esto, hemos podido disminuir la fuga de clientes y la pérdida de mercado.

Es necesario que se comprenda que el Registro panameño compite por clientes a nivel mundial, y que esta competencia es fuerte. Los 2 registros que tenemos más cerca en cantidad de TRBs son empresas privadas / corporaciones, con una operación muy distinta a la nuestra y que puede resultar bastante atractiva a los armadores", resaltó Cigarruista.

Contra las cifras negativas, indicó que, durante el 2022, al registro panameño ingresaron 1,245 naves, de las cuales 313 eran de nueva construcción, lo que representa el 25% de abanderadas en el anterior periodo. Pero la mayoría de estas embarcaciones y otras han sido exoneradas de las tasas que pagan al registro público, como parte de una cuestionada estrategia de Araúz y Cigarruista para contrarrestar la salida de barcos.

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