Superintendencia de bancos defiende su gestión tras pandemia

Aunque el 26 % de los clientes terminó con una deuda mayor tras la pandemia, la mayoría de los préstamos en Panamá cerró con saldo menor y sin pérdida de viviendas o vehículos, así lo indicó el presidente de la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá, Felipe Echandi Lacayo, ante la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional.

Durante su comparecencia, el funcionario explicó que las medidas de alivio financiero aplicadas entre 2020 y 2022 permitieron sostener la estabilidad del sistema bancario y facilitar que los clientes continuaran cumpliendo con sus obligaciones en medio de la crisis sanitaria.

Echandi explicó que la principal herramienta utilizada en ese periodo fue la extensión de los plazos de los créditos, con el objetivo de reducir el monto de las cuotas mensuales y evitar el incumplimiento de los pagos.

De acuerdo con los datos presentados, 86,684 clientes, equivalentes al 26 % de los créditos modificados, terminaron con una deuda total superior a la que tenían antes de la pandemia, principalmente por los intereses corrientes acumulados durante la moratoria, la cual suspendió los pagos temporalmente, pero no implicó la condonación de las deudas. En contraste, 244,005 préstamos, es decir, el 74 %, finalizaron con un saldo menor, ya sea porque se reestructuraron en condiciones favorables, se continuaron pagando o no requirieron extensión de plazo, sostuvo Echandi.

Detalló Echandi que el plazo promedio de extensión de los créditos fue de 18 meses, mientras que en los créditos de consumo fue de 14 meses, lo que permitió disminuir el valor de las cuotas mensuales y aliviar la presión financiera sobre los hogares.

Añadió que estas medidas evitaron ejecuciones de garantías, como la pérdida de viviendas o vehículos, y permitieron que los clientes continuaran siendo sujetos de crédito.

En cuanto a la supervisión del sistema financiero, el representante de la Superintendencia indicó que, aunque no se realizó una auditoría puntual sobre los alivios financieros, sí se implementó un seguimiento intensificado a las entidades bancarias mediante monitoreos quincenales e inspecciones presenciales y remotas. Además, se exigió a los bancos constituir provisiones progresivas de hasta un 3 % de la cartera modificada, lo que redujo sus utilidades y fortaleció la estabilidad del sistema financiero durante la emergencia.'

Los acuerdos 2 y 13 de 2020, la circular 0118 y la ley de moratoria prohibían el cobro de morosidad, penalidades y expresamente de intereses sobre intereses.

La ley de moratoria no fue una condonación de deudas; lo que hizo fue evitar que las personas tuvieran que pagar sus deudas durante el periodo establecido.

El saldo de créditos después de la moratoria se redujo un 6%; luego de las medidas de emergencia, se empezó a reactivar la economía.

El plazo promedio en extensión de todos los créditos fue de 18 meses.

El funcionario también aclaró que durante la fase inicial de la pandemia estuvo prohibido el cobro de intereses sobre intereses. Posteriormente, a partir de finales de 2021, se permitió la capitalización de intereses en algunos casos dentro de procesos de refinanciamiento regulados y con el consentimiento expreso del cliente.

Finalmente, mencionó que las regulaciones emitidas desde el inicio de la emergencia buscaron evitar que los alivios financieros encarecieran el costo total de los créditos, al exigir transparencia en la información y garantizar el derecho de los clientes.