Aprehensión de Araúz revive escándalos en la AMP

La investigación por supuesto enriquecimiento injustificado que dio lugar a la aprehensión de Noriel Araúz, exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), es apenas un escalón de las múltiples irregularidades que rodearon su gestión durante el gobierno del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024).

El ingeniero naval, en lugar de impulsar el crecimiento de uno de los sectores más importantes del país, le habría sacado provecho a su posición, favoreciendo a sus allegados y empresas de trayectoria cuestionable a través de contrataciones directas por millones de dólares que, en algunos casos, fueron saldados desde una cuenta bancaria en el exterior, lo que aún sigue generando dudas sobre su licitud.

Una de las actuaciones más cuestionadas de Araúz fue decretar que el abastecimiento de combustible en el puerto de Colón 2000 estaría a cargo de la compañía Monjasa, obligando a las navieras a adquirir este servicio, pese a que incrementaba el costo de sus operaciones y limitaba la libre competencia en el mercado.

También se contradijo al permitir el registro de dos buques con fecha de puesta de quilla de más de 15 años para el trasiego de combustible cuando al inicio de su mandato se creó un reglamento que prohibía claramente esta acción con el objetivo de prevenir y controlar el derrame de hidrocarburos.

Medida a la que evidentemente restó importancia, pues falsificó y admitió la inscripción de Gibunker 100 y Veladero sin tomar en consideración que una de las dos embarcaciones pertenecía a una empresa que ya había estado envuelta en derrames cerca de la isla Taboga.

Dichas anomalías luego fueron confirmadas por el exdirector de Marina Mercante, Rafael Cigarruista, al señalar que, a lo interno de la entidad, se cometían errores en la emisión de patentes; sin embargo, sus consecuencias van más allá de "simples equivocaciones"; pueden traducirse en grandes pérdidas económicas, contaminación al ambiente y afectación a la salud humana.

Otro caso en el que estaría involucrado es la extensión del contrato de concesión a Panama Ports Company (PPC) en los puertos de Balboa y Cristóbal, una decisión que, según la Contraloría General de la República, le costó al Estado alrededor de $1,300 millones; por tanto, se inició una auditoría en su contra a fin de esclarecer el origen de su patrimonio.

1.3

millones de dólares, monto del secuestro preventivo de la Contraloría a Araúz.

 

30

de junio, fecha en que la entidad presentó la denuncia contra el exfuncionario ante el MP.

 

La entidad identificó que los recursos de Araúz no coinciden con los movimientos financieros realizados durante el periodo evaluado; por ello, ordenó el secuestro preventivo de bienes por 1.3 millones de dólares.

El exadministrador de la AMP, luego de ser capturado ayer, miércoles, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el proceso en su contra.

Auditorías

La Contraloría, asimismo, denunció ante el Ministerio Público (MP) a Publio De Gracia, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), a quien el Tribunal de Cuentas previamente secuestró bienes por $16.3 millones dentro de un proceso de supuesto perjuicio contra el Estado.

El exservidor público, en su defensa, ha mencionado en reiteradas ocasiones que actuó conforme a la ley, rechazando haberse favorecido a través de su posición.

La exsecretaria presidencial, Nadia del Río, es otra de las fichas de la pasada administración que destaca entre los denunciados por presunto enriquecimiento injustificado.