Auditan reparación de helicóptero presidencial en gobierno de Juan Carlos Varela

Luego de permanecer varado en Estados Unidos durante cerca de cuatro años, el helicóptero presidencial retornó el sábado al país, en medio de investigaciones para determinar si hubo irregularidades en la contratación del millonario mantenimiento.

Fuentes del Ministerio de Seguridad Pública y del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) revelaron a Panamá América que se auditará el estado de la aeronave y todo el proceso de mantenimiento en Dallas por la empresa Rotor Service Group (RSG), que después fue inspeccionado por la fabricante Leonardo Helicopters Agusta Westland Philadelphia Corporation.

El jueves 11 de septiembre de 2018, el Consejo de Gabinete del entonces presidente Juan Carlos Varela aprobó una adenda al contrato de reparaciones del helicóptero Agusta Westland AW-139, con matrícula AN-141, para permitir el pago de $1 millón 166 mil 410 a RSG y $2.1 millones para que la nave fuera inspeccionada por su fabricante inmediatamente después en EE.UU.

La forma como se envió el helicóptero a EE.UU., sin un contrato previo que lo respaldara, provocó duras diferencias entre la Línea de Vuelo Presidencial (representada por los pilotos de Varela, Ricardo Garay y Carlos Troncoso) y altos oficiales del Senan, quienes advertían que la contratación se hizo al margen de lo que establecen las normas legales.

Estas diferencias trancaron la aprobación de los pagos a RSG. Y mientras esto ocurría, el helicóptero presidencial enfrentó un peligro real de ser secuestrado judicialmente y vendido para cubrir la deuda, pero al final, el Gabinete de Juan Carlos Varela aprobó los pagos y atribuyó el atraso y las presuntas irregularidades a "razones ajenas a la voluntad de la Línea de Vuelo Presidencial".

Las fuentes del Ministerio de Seguridad y del Senan indicaron que ahora que el helicóptero llegó a Panamá, se revisará nuevamente todo el proceso.

Las diferencias entre la Línea de Vuelo Presidencial y el Senan se agudizaron en septiembre de 2017, cuando la aeronaval acusó a Troncoso y Garay de brindarle información equivocada a la Dirección de Fiscalización de la Contraloría General para destrabar los pagos, lo que calificó como "temerario".

Exigen investigación

En tanto, el exprocurador de la Nación, Rogelio Cruz, indicó que el Ejecutivo debe darle una explicación al país sobre este controversial mantenimiento al helicóptero presidencial.

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Agregó que si el Ejecutivo no brinda una explicación sobre el mantenimiento del helicóptero, entonces la sociedad debe exigírsela.

Mientras que el abogado penalista, Ángel Álvarez, opina que la Contraloría y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), deben hacer investigaciones administrativas y remitirlas al Ministerio Público, en caso de que se encuentre alguna irregularidad con el helicóptero presidencial.

Advirtió que la investigación debe empezar en la esfera administrativa para evitar que, como en otros casos, las pesquisas no avancen, porque la Contraloría se queda esperando un informe de auditoría. Y si hallan lesión patrimonial con el mantenimiento del helicóptero, el Senan debe convertirse en querellante, añadió.