Avanza análisis de iniciativa para penalizar el abandono de obras públicas

El proyecto de ley No. 276, que adiciona artículos al Código Penal para sancionar, con hasta 15 años de prisión, el abandono de obras públicas, fue analizado ayer, lunes, por un grupo de diputados para determinar su viabilidad y presentar sus consideraciones a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional encargada de su discusión en primer debate.

La reunión de la subcomisión, según el diputado José Pérez Barboni, se centró en las recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República sobre la duplicidad de la propuesta, toda vez que el abandono de obras puede considerarse una forma de peculado y está tipificado en el Código Penal desde 1922.

Pérez Barboni calificó de lamentable que proyectos gestionados con fondos de todos los panameños se abandonen por "celos políticos", cuando deberían ser vistos como políticas de Estado, más allá de los gobiernos en turno.

“De nada nos sirve seguir peleando cada cinco años sobre quién inicia o termina más obras, porque de nada sirve comenzar proyectos que el siguiente administrador de todos los panameños va a decidir pararlos por algún tipo de celo político”, sentenció. 

La iniciativa propone que a los servidores públicos que con conocimiento y disponibilidad de partidas para desarrollar obras licitadas opten por abandonarlas o destruirlas se les sancione con penas de 3 a 5 años de prisión, siempre que la cuantía del daño no exceda los $500,000.00.

Dicha condena aumentará de 12 a 15 años de cárcel cuando el descuido del funcionario asignado ocasione la paralización, encarecimiento o deterioro de proyectos financiados completa o parcialmente con fondos públicos, cuyo costo supere los 10 millones de dólares.

No obstante, establece que cuando las afectaciones a la obra se produzcan de manera fortuita o por fuerza mayor, el funcionario quedará exento de su responsabilidad penal. 

La actual administración ha retomado una serie de obras abandonadas, entre las que destaca el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, que, debido a cambios en su diseño y falta de financiamiento, fue suspendido, incrementando su costo inicial en más de 1,800 millones de dólares.

La Línea 3 del Metro, que unirá a las provincias de Panamá y Panamá Oeste, también sufrió cambios en su trazado que elevaron su costo; la administración Cortizo prefirió construir un túnel bajo el Canal de Panamá que cruzar el Cuarto Puente, una decisión que costó más de $2,800 millones. 

El más reciente ejemplo de desidia política es el Estadio Roberto Mariano Bula en la provincia de Colón, cuya construcción quedó paralizada sin mayores explicaciones, pero después de varios años fue finalmente inaugurado el pasado 13 de marzo de 2026 con un sobrecosto de más de 20 millones de dólares.