Panamá
Diputados cuestionaron que se tengan que trasladar partidas de la Corte Suprema de Justicia para Panamá Solidario y no de otros gastos que no son necesarios como alquiler de carros o viáticos.
Falta de recurso humano y económico ha llegado a afectar hasta el Sistema Penal Acusatorio (SPA), instaurado para mejorar la justicia. Foto: Cortesía Órgano Judicial
Luego del escándalo por los supuestos abusos a menores recluidos en albergues del Estado, el Gobierno decidió ayudar al Órgano Judicial con los recursos que necesita la administración de justicia para un mejor desenvolvimiento.
Sin embargo, por otro lado, al establecer una política de contención del gasto, a inicios del año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) retuvo fondos del presupuesto de inversiones de varias instituciones, entre estas la Corte Suprema de Justicia, para poder enfrentar gastos relacionados con el Plan Panamá Solidario y la crisis ambiental de noviembre pasado.
"Estos traslados son importantes, los que van para Panamá Solidario, pero no había otros mejores lugares que sacar que del Órgano Judicial", se preguntó el diputado por libre postulación, Gabriel Silva, la semana pasada, cuando se aprobó en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea un movimiento de partidas para atender compromisos del plan diseñado para ayudar a familias humildes, debido a la pandemia de covid-19.
El diputado cuestionó por qué otros gastos como alquiler de vehículos para instituciones como el Ministerio de la Presidencia o viáticos no son sacrificados para destinarlos a Panamá Solidario.
Las partidas tocadas del Judicial fueron para la creación de academias, adquisición de equipos del presupuesto de inversiones de ese órgano del Estado, que para este año ascendía a $10.7 millones.
"Hace un par de semanas, tuvimos al magistrado (presidente de la Corte Suprema de Justicia) diciéndonos de la falta de presupuesto y cómo les falta dinero para poder operar y tener una buena justicia", expresó Silva.
En tanto, la diputada de Cambio Democrático (CD), Yanibel Ábrego, mostró su preocupación por la falta de inversiones públicas en el país, como consecuencia de la contención del gasto por $700 millones y que, a su consideración, deja a instituciones públicas prácticamente inoperantes, solo operativas para pagar su planilla, como la Dirección de Asistencia Social (DAS) y la Oficina de Electrificación Rural (OER).'
El 12 de enero, el Gobierno decretó una contención del gasto público, por $700 millones.
Partidas de los presupuestos de inversiones de varias entidades del Estado fueron intervenidas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para cumplir con gastos relacionados con la pandemia y la crisis ambiental.
Recientemente, los magistrados de la Corte Suprema han acudido a la Asamblea a sustentar traslados de partidas para, entre otras cosas, la creación de cinco juzgados.
El Judicial cuenta con un presupuesto de $182 millones para la presente vigencia fiscal.
"El Estado no soporta que paguemos a instituciones que están inoperantes por esta situación. El Gobierno requiere hacer inversión pública, requiere levantar la economía y necesitamos ver un plan de reactivación", sostuvo.
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La semana pasada, el Consejo Judicial de la República de Panamá se quejó ante la Corte Suprema de Justicia, presentando un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuesto de 2020, por la debilidad financiera que enfrenta la Administración de Justicia.
"Mientras en nuestro país no se hable de independencia presupuestaria, nadie puede aseverar que la justicia es independiente y eso es motivo de preocupación", planteó Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, al presentar la demanda.
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