Coronavirus en Panamá
Denuncia penal contra empresas distribuidoras del servicio de energía eléctrica, en manos del Ministerio Público
- Aurelio Martínez/amartinez@epasa.com/@AurelioMartine
Las denuncias en las redes sociales incluyen a un consumido cuya factura, supuestamente, supera los 23 mil dólares, mientras que las autoridades han manifestado que los cortes del servicio eléctrico están suspendidos por la pandemia global de coronavirus.
Ministerio Público deberá definir futuro de denuncia penal.
Una denuncia penal fue interpuesta por el abogado Moisés Joel Bartlett para que se investiguen a las empresas distribuidoras de servicio de energía eléctrica en la República de Panamá y a cualquier funcionario por la acción u omisión, que haya facilitado o permitido la presunta comisión de varios delitos en perjuicio de los clientes o consumidores.
La denuncia, que fue recibida en la Fiscalía de Atención Primaria, busca que se investigue a dichas empresas por la supuesta comisión de los delitos contra el orden económico en la modalidad contra los derechos humanos de los consumidores y contra el patrimonio económico (estafa).
“Queremos que se investigue la facturación de las distribuidores de energía eléctrica en las residencias, oficinas y empresas del país, con la intervención de peritos de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)”, dijo el jurista.
La denuncia presentada ante el Ministerio Público pide que se realice una auditoría nacional en la facturación durante los meses de diciembre de 2019 hasta marzo de 2020.
“Todo indica que, por adelantado, se cobraron la 'supuesta' rebaja correspondiente al mes de abril. Ojalá se adelante la investigación con objetividad e inmediatez y se defiendan los derechos e intereses de los ciudadanos”, aseguró.
Moisés Joel Bartlett, en su escrito presentado ante el Ministerio Público, espera que la auditoría eléctrica determine y establezca con certeza cuánto corresponde a la facturación de consumo a la facturación estimada por cada mes antes mencionado.
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El abogado fundamenta su escrito judicial en siete puntos, entre los que destaca la situación que vive el país con la pandemia de coronavirus, por lo que el Gobierno Nacional decretó una cuarentena absoluta, por lo que se ordenó los cierres de oficinas comerciales y profesionales, por lo que muchos pasaron al teletrabajo, disminuyendo el uso de aparatos electrónicos en locales y, por ende, debió bajar la facturación.
El litigante sustenta también que a través de las redes sociales los ciudadanos han denunciado el aumento descontrolado del monto de las facturas eléctricas residenciales y de oficinas, situación que contradice al Órgano Ejecutivo que, a través de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep), comunicó al país una supuesta disminución en los costos de la energía eléctrica como una medida humanitaria de apoyo a la población dentro de la crisis por la pandemia de COVID-19.
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