Panamá
Vallarino dijo que el fiscal tendrá que cargar con el peso de haber llevado un caso en el cual el Estado le ha pagado a un testigo más de un millón de dólares.
Ricaurte González, fiscal del Ministerio Público durante el caso de los supuestos pinchazos telefónicos. Víctor Arosemena
La renuncia del fiscal Ricaurte González, quien formaba parte del grupo de confianza de la exprocuradora general de la Nación, Kenia Isolda Porcell, genera fuertes cuestionamientos hacia el Ministerio Público (MP).
González, quien en dos ocasiones perdió el caso de los supuestos pinchazos telefónicos, donde se declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli por supuestas escuchas telefónicas, se acogerá a vacaciones y a partir del 1 de septiembre dejará el cargo que ocupaba en la Fiscalía de Propiedad Intelectual.
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De acuerdo con fuentes judiciales, la salida del funcionario estaría ligada con la supuesta alteración de una resolución de allanamiento excepcional por parte de una coordinadora, así como con la aceptación en un juicio realizado recientemente, que se usaron licencias piratas para realizar algunas pericias.
Este fiscal, durante el juicio de los supuestos pinchazos telefónicos, también estuvo envuelto en algunas situaciones irregulares que se cometieron dentro de dicho proceso.
Por ejemplo, este fiscal, durante este proceso, mintió al señalar que no conocía a Ismael Pittí, testigo protegido dentro de este caso, esto a pesar de que se habían reunido en los Estados Unidos (EE.UU.), en momentos en que se desarrollaba dicho juicio.
Dicho testigo protegido todavía se mantiene en los Estados Unidos, ganado más de 10 mil dólares mensuales, es decir, más de un millón de dólares, desde el año 2014, cuando fue designado por mentir falsamente en contra de Martinelli, tal como se dejó evidenciado en el juicio.
González, en dicho proceso, también permitió que se manipulara la evidencia digital, es decir, discos compactos, memorias USB, etc., las cuales se alteraron por personal externo del Ministerio Público.'
1
de septiembre próximo, el fiscal González dejará el cargo, luego de culminada sus vacaciones.
Esto quedo evidenciado cuando la defensa del exgobernante, logró acceder a las propiedades de los discos compactos donde se mantenían los correos usados como pruebas, dejando al descubierto que los mismos habían sido creados por Rolando López, exsecretario general del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), durante el Gobierno de Juan Carlos Varela.
Para el abogado Alfredo Vallarino, no están claro los motivos de la salida del fiscal González, por lo que hay que pedirle al Ministerio Público que de unas explicaciones del porqué el mismo renuncio a su cargo, ya que "los rumores que han salido no son sanos".
Agregó que a este fiscal, como a algunos otros que se han prestado para algunas actuaciones irregulares en algunos casos, los van a perseguir sus actos cometidos en el MP.
"Él siempre tendrá que cargar con el peso de haber llevado un caso en contra de una persona, en la cual el Estado le ha pagado a un testigo protegido cerca de un millón de dólares, en el cual se manipuló evidencia digital, se escondió al Tribunal en el segundo juicio, una evidencia digital en la cual un perito indico que se le había tratado de manipular su peritaje", dijo.
Vallarino afirmó que los otros fiscales que todavía quedan en el MP, los cuales han participado en estas innobles acciones, "deberían es de imitarlo, ya que deben estar claros que de esta institución solo se puede salir, es de tres maneras, renunciado, votado o preso".
Expresó que, posiblemente en algunos meses, se estará exigiendo la responsabilidad de cada uno de los fiscales, que en su momento hayan violado la ley.
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