Un juez de Garantías, en la provincia de Coclé, imputó cargos por pornografía infantil y ordenó la detención provisional a dos personas extranjeras, por estar presuntamente vinculados al caso Luz de la Infancia 5.

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La decisión también implica que a uno de los imputados, también se le ordenó la suspensión de ejercer la profesión de técnico en informática.

Las dos personas son de nacionalidad venezolana, uno de 34 y 39 años de edad, respectivamente. La detención fue justificada, tras  considerar la gravedad del delito, donde las víctimas son menores de 1, 5 y 8 años de edad en adelante.

También se sumó el hecho que  existen los peligros procesales aducidos en la audiencia, máxime que los mismos no contaban con arraigo laboral, domiciliario, ni familiar en el país.

Los jueces de garantías ordenaron en menos de una semana, la detención provisional a siete de las 10 personas aprehendidas por su presunta vinculación a este caso.

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Entre los detenidos figuran:  Un docente que impartía educación especial en una escuela pública de Los Santos;  un docente de San Miguelito, quien es reincidente, fue condenado en el 2007, luego puesto en libertad y no laboraba y un docente que laboraba en una escuela privada impartiendo clases de matemáticas y educación física y reside en El Crisol.

Además un licenciado en informática (programador de computadoras) de 48 años de edad, un médico aprehendido en San Carlos, un docente que impartía clases de inglés a estudiantes de VI grado en una escuela privada y un estudiante de arquitectura.

Las penas por este tipo de delito están tipificadas en el Código Penal que establece en su Capítulo II, los delitos de corrupción y explotación en menores de edad como la producción, distribución, posesión y almacenamiento de imágenes o videos donde aparecen en actividades sexuales menores de 18 años de edad, es un delito que se castiga con penas de hasta 15 años de prisión.

Esta acción se trata de una operación internacional, liderada por Brasil, en la que Panamá participó, logrando desmantelar supuestos centros de acopio y distribución de pornografía en el país. Durante dos meses y medio, Panamá y Brasil trabajaron en conjunto con autoridades de El Salvador, Paraguay, Chile, Estados Unidos y Ecuador.

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