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Menos confianza en una justicia que altera las elecciones

El abogado Luis Camacho G. dijo que se está haciendo práctica recurrente que las elecciones sean intervenidas por decisiones judiciales lo que es peligroso.

Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica - Actualizado:

Este miércoles se presentó una denuncia contra la magistrada María Eugenia López en la Asamblea. Foto: Archivo

Se está volviendo una práctica institucionalizada que a pocos meses de que se celebren en las elecciones todavía haya un candidato cuya postulación no esté en firme ante un posible fallo del Órgano Judicial, mencionó el abogado Luis Camacho González.

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“Usted puede tener una práctica institucionalizada de que a meses de las elecciones usted puede sacar a un candidato y ya no de cualquier manera sino utilizando a la Corte Suprema de Justicia”, advirtió el abogado.

Esta “Justicia a la Martinelli”, como la nombró Camacho hace, según sus palabras, que el panameño no tenga confianza en el sistema de administración de justicia, porque se ha ido politizando.

Y es que, por segundo periodo consecutivo, existe un grupo de personas tratando de vulnerar o cambiar la voluntad popular, ya que en 2019 se vivió la misma situación que en esa ocasión dejó a Ricardo Martinelli fuera de la carrera por la alcaldía de Panamá.

“Cuando abres puertas como estas, después cuesta cerrarlas y existe un silencio cómplice de los demás candidatos presidenciales que no han dicho nada porque los favorece, ya que no tienen oportunidad”, cuestionó el abogado.

Destacó que no puede seguirse permitiendo que un grupito de personas controle las elecciones por encima de la voluntad popular, ya que sería un precedente que en estos momentos afecta a Martinelli, pero que daría pie para que se replique con otros candidatos en el futuro, como ocurre en países como Guatemala. 

Camacho González manifestó que han sido reiterativos denunciando todas las ilegalidades que encierra el caso New Business, situación que ya se ha elevado a organismos continentales de derechos humanos.

“Solo partiendo con el hecho de que el Ministerio Público y el Órgano Judicial, por medio de la jueza Baloisa Marquínez le escondieron a la defensa testigos, nos encontramos ante una nulidad grave”, enfatizó.

Y otro hecho que trasciende a través de esta causa es la vulneración de la seguridad jurídica, tras la decisión asumida contra Grupo Epasa, cuyo fallo de primera y segunda instancia, comisa sus acciones y administración, a pesar de haberse demostrado la legalidad de los fondos conque se adquirió la empresa.

“Es un país poco serio, donde no hay justicia y en donde usted puede hacer día una inversión y mañana se la quitan, porque la Corte Suprema de Justicia no tiene los pantalones para tomar decisiones en conformidad con el derecho”, concluyó Camacho.

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