Panamá
Ministerio Público refuerza la protección a testigos y peritos ante riesgos en los casos peligrosos
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La SEPROVIT tiene como función principal crear las condiciones necesarias para proteger de riesgos a las víctimas, testigos, peritos y demás intervinientes y garantizar que sean tratados de manera "oportuna, integral y eficiente".
Es vital en el Sistema Penal Acusatorio.
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El Ministerio Público reforzó la Secretaría de Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás intervinientes en el proceso penal (SEPROVIT), para evitar que corran riesgos durante su participación en los casos peligrosos.
Esta Secretaría fue creada en marzo de 2014, pero ahora se refuerza con la creación de una estructura administrativa interna.
La SEPROVIT estará a cargo de un fiscal superior designado por el Procurador General de la Nación y adscrita a la Secretaría General del Ministerio Público.
Entre el personal con el que contará la SEPROVIT figuran un fiscal superior (coordinador), un asistente administrativo, un coordinador nacional, un coordinador de planificación y los demás funcionarios que sean necesarios para su funcionamiento.
La SEPROVIT tiene como función principal crear las condiciones necesarias para proteger de riesgos a las víctimas, testigos, peritos y demás intervinientes y garantizar que sean tratados de manera "oportuna, integral y eficiente".
Se deberá crear un marco que regule la política institucional del Ministerio Público para la asistencia y protección de estas personas ante los riesgos que puedan enfrentar.
Para proteger a los intervinientes en los procesos penales, la SEPROVIT utilizará las herramientas tecnológicas que estén a su alcance.
'15
es el número de la Resolución de 25 de marzo de 2014 que crea la SEPROVIT.
6
oficinas regionales de la SEPROVIT funcionan en la actualidad.
En cada regional del Ministerio Público en el país debe existir una oficina de la SEPROVIT.
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En los últimos años, se han registrado casos de fiscales y jurados de conciencia que han sido amenazados por pandilleros y sus familiares.
Esta situación ha originado denuncias provenientes de la propia Presidencia de la República, que ha tenido que reforzar la seguridad de fiscales, jueces y magistrados con unidades del Sistema de Protección Institucional (SPI) y de la Policía Nacional.
En agosto de 2004, se aprobó la Ley 48 que permite la protección de la identidad de los testigos en casos peligrosos mediante la reserva de sus datos.
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