Panamá
Operación Alianza: Legalizan incautación de bienes a red que traficaba drogas desde el Puerto de Balboa hacia Europa y Oceanía
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La jueza de Garantías, Hiroko Tinoco Naranjo, valida la aprehensión de 4 vehículos y dinero en efectivo. La Fiscalía antidrogas mantiene imputadas a 6 personas
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En un paso clave para el desmantelamiento de las redes de narcotráfico que utilizan las terminales portuarias panameñas, la jueza de Garantías Hiroko Tinoco Naranjo declaró legal la incautación de bienes y dinero en efectivo vinculados a la denominada "Operación Alianza".
La decisión, tomada tras evaluar la solicitud de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, ratifica la retención de cuatro vehículos y dinero en efectivo que presuntamente forman parte del patrimonio de una red criminal dedicada al envío de sustancias ilícitas hacia el exterior.
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La investigación, que inició formalmente el 8 de agosto de 2024, puso al descubierto cómo las mafias locales e internacionales continúan explotando la posición geográfica de Panamá.
De acuerdo con los informes del Ministerio Público, la organización criminal operaba bajo una modalidad recurrente en el comercio global:
El supuesto grupo criminal, según las autoridades, contaminaban los contenedores comerciales con cargamentos de droga en el Puerto de Balboa, uno de los centros logísticos más importantes del país. La mercancía era enviada a mercados de alto valor adquisitivo en Europa y Oceanía.
Imputados y representación legal
Durante la audiencia de control posterior, el Tribunal determinó que los procedimientos de aprehensión cumplieron estrictamente con los estándares de los artículos 252 y 258 del Código Procesal Penal.
Actualmente, el estatus judicial de los señalados en el caso se divide así: 6 imputados por la presunta conspiración y tráfico internacional de drogas y un indiciado. Se trata de un ciudadano que cuenta con una orden de conducción pendiente.
La defensa técnica de los involucrados estuvo liderada por cinco abogados particulares y un miembro de la Defensa Pública, mientras que la fiscal María Sánchez llevó la representación del Estado.
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