Operación Pandora: Delaciones de imputados salpican a la alta gerencia bancaria

Las confesiones y delaciones de los primeros procesados en la Operación Pandora han comenzado a surtir efecto, extendiendo las ramificaciones del entramado de corrupción hacia el sector bancario e identificando a nuevos actores clave en la comercialización de $40 millones en créditos fiscales fraudulentos en el sistema E-tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI).

El caso dio un giro tras la audiencia de garantías donde la jueza Sandra Castillo decretó la detención provisional de Arnold Salgado Galeano, exvicepresidente de Finanzas y Contabilidad de BAC Panamá, imputado por los supuestos delitos de delincuencia organizada, corrupción privada y delito financiero.

La vinculación del primer alto ejecutivo bancario en la causa fue posible gracias al testimonio del también imputado Carlos Ferguson, señalado como intermediario en la red. Ferguson declaró ante la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada que Salgado era la pieza interna que "agilizaba" los trámites y aprobaba los pagos para la compra masiva de los créditos por parte del banco.

Ferguson reveló además que entregó a Salgado $50,000 en dos pagos de $25,000 que fueron realizados en los estacionamientos del Santuario Nacional y en el PH Greenwood como una forma de "agradecimiento". Asimismo, la procesada Karen Pitty, representante legal de una sociedad intermediaria, confirmó en su interrogatorio que Ferguson y Adolfo Quintero le admitieron abiertamente tener un "contacto" clave dentro de la entidad bancaria.

"Se pudo establecer dentro de la estructura que esta persona estaba vinculada a una entidad bancaria y que, desde la posición que mantenía, autorizaba los pagos correspondientes por la compra de los créditos", aseveró el fiscal Emeldo Márquez.

La defensa reacciona y señala hacia la alta gerencia del banco

Las delaciones y los hallazgos de la fiscalía no solo cercaron a Salgado, sino que abrieron la puerta a que el proceso salpique a otras instancias del banco. Durante la audiencia, el abogado defensor Ricardo Augusto Muñoz argumentó que su representado no actuaba de forma aislada ni poseía la facultad ejecutiva unilateral para concretar las transacciones.

El equipo legal de Salgado señaló que la responsabilidad en la verificación y adquisición de los créditos fiscales recaía en una estructura corporativa más amplia, apuntando hacia los Oficiales de Cumplimiento y Departamento Legal quien están encargados de la debida diligencia y validación de los documentos.

Así como a la Gerencia, instancia donde, según la defensa, se firmaban  los contratos de compra de los créditos.

Asimismo, la defensa argumentó que BAC aplicó sus controles de verificación sobre la información publicada oficialmente en el portal de la Dirección General de Ingresos (DGI), por lo que no existían alertas sobre la ilegitimidad de los créditos al momento de las operaciones.

Borrado de evidencia y riesgo de fuga

Un informe del jefe de seguridad corporativa de BAC entregado al Ministerio Público reveló que Salgado eliminó 36 correos electrónicos sostenidos con Ferguson y con sociedades fachadas que vendieron millones de dólares en créditos, incluyendo empresas que ni siquiera figuraban en el radar inicial de la fiscalía.

Además del borrado de correos, la fiscalía detectó transferencias de miles de dólares desde las cuentas de Salgado hacia cuentas de su madre. La jueza Sandra Castillo estimó que estas acciones, sumadas a los ingresos de Salgado, quien devengaba $11,000 mensuales, y la gravedad del daño a la economía nacional, sustentan el riesgo de destrucción de pruebas y peligro de fuga.

La defensa de Salgado presentó un recurso de apelación contra la detención provisional, cuya audiencia fue programada para el 27 de octubre a las 2:00 p. m. ante el Tribun