Pandora: la cronología del fraude que burló a la DGI

La Policía Nacional y el Ministerio Público (MP) realizaron en conjunto el pasado 8 de julio una serie de allanamientos en las provincias de Panamá, Colón, Panamá Oeste y Coclé para dar con la captura de los presuntos implicados en un caso de blanqueo de capitales; sin embargo, para la población aún era desconocido que la denominada Operación Pandora daba inicio a la desarticulación de una supuesta red criminal dentro de la Dirección General de Ingresos (DGI) que se estima causó un perjuicio al Estado de más de 40 millones de dólares a través de la manipulación de créditos fiscales.

Dichas diligencias permitieron la aprehensión de 16 personas (9 servidores públicos, 1 exfuncionario y 6 particulares) señaladas por presunta corrupción, asociación ilícita para delinquir y falsedad, delitos que, según la investigación, habrían cometido por cuatro años. Ayer, jueves, un hombre de 41 años se entregó al MP, para un total de 17 detenidos.

Modus Operandi

El esquema, que comenzó en 2022, consistía en que, una vez las empresas cancelaban sus obligaciones tributarias, funcionarios con acceso al sistema informático e-Tax 2.0 anulaban sus registros, convirtiéndolos en "créditos fiscales", es decir, saldos a favor del contribuyente frente a la DGI, que luego eran vendidos a terceros.

Primeras irregularidades

Aunque todo parece indicar que estas irregularidades pasaron desapercibidas, no fue así; las primeras señales de alerta se dieron el mismo año que iniciaron. La entidad recibió varias denuncias por modificaciones de datos que derivaron en una revisión administrativa que, si bien contribuyó al caso, no puso fin a la presunta estructura delictiva.

Alerta de funcionarios

Los señalamientos continuaron en 2023 de la mano de los propios funcionarios de la DGI que advertían de posibles resoluciones adulteradas relacionadas con incentivos fiscales, por lo que se presentó una denuncia formal ante el MP.

Medidas

Al año siguiente, se detectó un aumento en las solicitudes de compensación y cesión de créditos fiscales, lo que ocasionó la suspensión de trámites en proceso y la adopción de nuevas normativas de aprobación; todos debían pasar el filtro de dirección para su validación.

Auditoría interna

Sin embargo, las anomalías continuaron; por ello, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en octubre de 2025, solicitó una auditoría interna al manejo de estos créditos que abrió la caja de Pandora, confirmando que los controles y la debida diligencia de la entidad no habían sido suficientes para evitar que presuntamente algunos de sus funcionarios, en colaboración con particulares, anularan pagos realizados en años anteriores, utilizaran los trámites de subsanación para liberar créditos y emitieran saldos a favor de otras compañías.

Autoevaluación

La DGI, ante dicho escenario, emitió un comunicado el 17 de septiembre solicitando a los contribuyentes vinculados a cesiones de créditos, pagos en exceso o créditos no aplicados realizar una autoevaluación de su estatus tributario.

"Esta medida tiene como finalidad garantizar que los actos jurídicos se ejecuten en estricto cumplimiento de la normativa vigente, previniendo prácticas que puedan derivar en fraude, simulación, falsedad documental u otras irregularidades que comprometan la legalidad del proceso y los intereses del Estado", expresó, en su momento, la institución, reiterando su facultad para revocar o declarar la nulidad de actos administrativos relacionados con cesiones de créditos cuando existan elementos que afecten su validez legal y representen un riesgo para el Tesoro Nacional.

Investigación

Los hallazgos de la auditoría fueron remitidos al MP, que asignó inicialmente el expediente a la Fiscalía Anticorrupción, pero al detectar que se trataba de una presunta estructura criminal, lo trasladó a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada.

Audiencia

Durante la audiencia que duró tres días, la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Zenia Pérez, impuso la medida de detención preventiva a 12 de los supuestos involucrados y decretó detención domiciliaria contra otros dos debido a "padecimientos de salud y avanzada edad".

Pese a que se legalizó la aprehensión de las 16 personas puestas a órdenes de las autoridades, Pérez solo pudo imputar cargos contra 14 porque dos de los detenidos sufrieron afectaciones médicas durante la audiencia que motivaron su traslado a hospitales.

Apelación

Algunos de los abogados defensores mostraron su desacuerdo con las medidas decretadas por la jueza, razón por la que anunciaron el recurso de apelación que deberán sustentar el próximo 3 de agosto, desde las 8:30 de la mañana, en el Tribunal Superior de Apelaciones ubicado en Plaza Fortuna.

Dudas pendientes

Mientras tanto, continuarán las indagaciones para conocer quién o quiénes están detrás de esta estructura, cuáles fueron las empresas beneficiarias y a cuánto asciende realmente la lesión patrimonial contra el Estado.

La manipulación de créditos fiscales, además de lesionar la confianza en la institución, incide en la imagen del país a nivel internacional; por ello, la ciudadanía espera sanciones severas para quienes resulten responsables de estos delitos.