EE.UU. apoya la reforma constitucional en El Salvador y rechaza comparaciones con dictaduras

 El Gobierno de EE.UU. expresó este martes su respaldo a la reforma constitucional de El Salvador, que avala la reelección indefinida del presidente, lo que deja vía libre a Nayib Bukele para optar a un tercer mandato, y rechazó que se compare al país centroamericano con una dictadura.

«La Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida democráticamente para promover los intereses y las políticas de sus electores. La decisión de realizar cambios constitucionales es suya. Les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país», declaró un portavoz del Departamento de Estado a EFE.

«Rechazamos la comparación del proceso legislativo de El Salvador, basado en la democracia y constitucionalmente sólido, con regímenes dictatoriales ilegítimos en otras partes de nuestra región», agregó.

Reforma constitucional ratificada por El Salvador

La Asamblea Legislativa de El Salvador ratificó el pasado viernes una reforma constitucional que permite la reelección indefinida, que amplía el periodo presidencial a seis años -cuando era de cinco- y elimina la segunda vuelta electoral.

Esta reforma ofrece a Bukele, ampliamente popular por su lucha contra las pandillas, la posibilidad de postularse para un tercer mandato consecutivo, aunque hasta el momento no ha anunciado oficialmente su intención de hacerlo.

La oposición salvadoreña y organizaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), han criticado la reforma al considerar que erosiona la democracia del país para perpetuar a Bukele en el poder, comparando la situación con la de Nicaragua y Venezuela.

Mientras que Bukele defendió el domingo la reforma al subrayar que la mayoría de países desarrollados permiten la reelección indefinida de sus jefes de gobierno, entre los que citó al Reino Unido, España o Dinamarca.

Además, el Gobierno de Bukele está entre los principales aliados de la Administración de Donald Trump en América Latina, con quien acordó el envío de migrantes irregulares a la prisión de máxima seguridad de El Salvador, señalada por violaciones a los derechos humanos.