Dietilenglicol: afectados exigen calidad de vida

Los pacientes afectados por el consumo de jarabes envenenados con dietilenglicol siguen batallando con las autoridades, para llegar a acuerdos que les ayuden a mejorar su condición de vida.

El pasado 16 de febrero, autoridades y pacientes afectados con dietilenglicol firmaron un acuerdo de entendimiento, en el cual se estableció una hoja de ruta en la que ambas partes se comprometen a revisar y cumplir aspectos como: abastecimiento de medicamentos, atención médica, proceso de certificación y revisar la pensión vitalicia, entre otros puntos.

También se firmó un acuerdo en donde el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social y otras entidades, le darán el seguimiento debido a todos los expedientes que contienen los informes clínicos de cada paciente, para que administrativamente tengan viabilidad y fluidez.

Edwin Salamín, secretario general de la CSS, afirmó que fue una reunión positiva, donde se atendió al mayor nivel ejecutivo las reclamaciones de los pacientes afectados.

Este acercamiento entre las autoridades de salud y los pacientes afectados por el jarabe envenenado, se da luego de que estos últimos habían anunciado un gran cierre de vías para el pasado viernes 17 de febrero, en el sector de Divisa.

Por este caso del envenenamiento masivo, un grupo plural de pacientes mantienen una lucha que se ha extendido hasta la Corte Suprema de Justicia, que hasta la fecha aún no han sido resueltas.

¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar para que nos paguen una indemnización por algo que hizo la Caja de Seguro Social?, pregunta Omaira Tristán, una de las afectadas por este jarabe envenenado.

Tristán contó a Panamá América que además del tema de la indemnización, mantienen otras luchas.

Uno de esos puntos es precisamente es el de la certificación de un total de 322 personas, que en el año 2017 quedaron sin certificar como pacientes envenenados con dietilenglicol.

Explicó que se creó una comisión evaluadora para ver este tema y curiosamente en los dos últimos años todas las resoluciones que se han emitido están saliendo negativas.

En 2019, el presidente Laurentino Cortizo, ordenó que se le diera seguimiento a este tema y que la misma se realizara a conciencia. Se revisará cada expediente de estos pacientes.

Otro tema es el de la pensión, la cual en el 2013 se estableció en 600 dólares mensuales y que cada dos años, la misma tenía que ser revisada y aumentada.

"En el Gobierno anterior nos saltaron dos años y no es hasta el 2019, a través de la Ley 80, que se les otorgó un aumento de 200 dólares, por lo que actualmente la pensión está en 800 dólares por cada paciente", narró tristemente la afectada.

Hay que indicar, que cuando un paciente envenenado fallece, la pensión automáticamente pasa a sus familiares (esposa o esposo), trámite que antes se hacía a en solo dos meses, algo que hoy día no se da.

"Tenemos aproximadamente siete casos desde el año 2021 por fallecimiento y que aún no les han pagado", mencionó la paciente.

Omaira Tristán sostiene que cada vez que se reúnen con las autoridades, ya sea ministros, directores, etc., estos los miran y los ven como si fueran personas raras y les dicen que ellos sienten lo que ellos como envenenados pasan diariamente.

"Nadie siente lo que nosotros estamos pasando por este envenenamiento", apuntó Omaira Tristán.

Los afectados también reclaman que se les vuelva a dotar de un lugar exclusivo para ser atendidos, algo que anteriormente se daba, pero de un tiempo para acá fue eliminado por las autoridades de salud.